En su reciente presentación en el Congreso para pedir el voto de confianza, el premier Guido Bellido confirmó que el Gobierno reestructurará Petroperú para que incursione en actividades de “exploración” y hasta en “energías renovables”. Insistir en este tema, casi como un fetiche, es una crónica de otro despilfarro anunciado, con el agravante que hoy más que nunca es clave que cada sol de nuestros impuestos se use de forma responsable y eficiente.
¿Y cuál es la justificación –si la hubiera– para esta decisión? “Lo hacen hoy muchos gigantes del rubro”, dice Bellido. Ese no es un argumento, pero veamos algunos hechos y datos que desmontan ese relato. Primero hay que decir que Petroperú acumuló pérdidas por más de S/13 mil millones entre 2011 y 2020. ¿Cómo una empresa pública tan ineficiente pretende incursionar una actividad tan riesgosa como la exploración? No resiste ningún análisis costo-beneficio.
Además, la petrolera estatal ya participa en casi toda la cadena de valor (transporte, refino, distribución y comercialización). En exploración y producción (upstream), Petroperú participa en estas fases como socio (en los lotes 64 y 192), porque elige a las empresas operadoras. Además, tiene su propio reglamento de contrataciones y adquisiciones, en el cual no interviene el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Es decir, tiene menos mecanismos de control que otras empresas públicas.
Así y todo, Petroperú no genera caja suficiente para afrontar sus deudas de corto plazo. Por cada sol que debe para el pago de proveedores y servicios e intereses por la emisión de bonos internacionales, dispone de apenas 0.25 centavos en una cuenta que podría convertirse en activo líquido rápidamente. “Si ocurriera un escenario de falta de liquidez, como la experimentada en 2020, Petroperú tendría que recurrir nuevamente a sus líneas de créditos”, explica Lucero Martínez, analista económica de la Asociación de Contribuyentes del Perú.
Aunque el 38% de la deuda financiera de Petroperú sea de corto plazo, no es favorable en un escenario en el que los recursos ajenos a la empresa estatal son casi el triple (2.94) de sus recursos propios, debido, sobre todo, al incremento de la deuda destinada a la nueva refinería de Talara y a la disminución de su patrimonio (que ascendía a US$1,841 millones a 2020). Todo ello en un contexto en el que las ventas se redujeron en 33% y el mercado experimentó una alta volatilidad de precios, lo que conllevó a pérdidas de US$68 millones.
La mayor proporción de la deuda financiera de la petrolera estatal es por la refinería de Talara, proyecto de modernización que tiene un costo de US$4,700 millones para lograr aumentar la capacidad de producción a 90 mil barriles de petróleo, que no es suficiente para cubrir siquiera la demanda de nuestro país (que era 151 mil barriles a 2019).