(*) En su primer mensaje a la Nación, que en lugar de proyectar tranquilidad aumentó la preocupación y la incertidumbre sobre el rumbo del país, el presidente Pedro Castillo anunció su intención de que el Estado tenga una mayor participación en el mercado, a través de empresas estatales.
Así, el mandatario pretende, por ejemplo, que Petroperú ingrese en “(…) todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados”.
Pero lo que parece desconocer Castillo es que, actualmente, la petrolera estatal ya tiene participación en casi toda la cadena de valor del sector hidrocarburos, es decir, opera en las fases de transporte, refino, distribución y comercialización.
Respecto a la exploración y producción (upstream), Petroperú tiene participación en estas fases como socio (en los lotes 64 y 192), al ser la encargada de elegir a las empresas operadoras. Además, la mayor empresa pública del Perú tiene su propio reglamento de contrataciones y adquisiciones, en el cual no interviene el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Es decir, actualmente, Petroperú tiene menores mecanismos de control en comparación a otras empresas públicas.
Sin embargo, las actividades de la petrolera estatal, que ya participa en múltiples operaciones, no le permiten generar la caja suficiente para afrontar sus deudas de corto plazo. Tal es así que por cada sol que debe Petroperú para afrontar el pago de proveedores y servicios e intereses por la emisión de bonos internacionales dispone de apenas 0.25 centavos en una cuenta que podría convertirse en activo líquido rápidamente. “Si ocurriera un escenario de falta de liquidez, como la experimentada en el 2020, la empresa (Petroperú) tendría que recurrir nuevamente a sus líneas de créditos”, explica Lucero Martínez, analista económica de la Asociación de Contribuyentes del Perú.
Aunque el 38% de la deuda financiera de Petroperú sea de corto plazo, no es favorable en un escenario en el que los recursos ajenos a la empresa estatal son casi el triple (2.94) de sus recursos propios, debido principalmente al incremento de la deuda destinada a la nueva refinería de Talara y a la disminución de su patrimonio (que ascendía a US$1,841 millones al 2020). Todo ello en un contexto en el que las ventas cayeron 33% y el mercado experimentó una alta volatilidad de precios, lo que conllevó a pérdidas de US$68 millones.
La mayor proporción de la deuda financiera de la petrolera estatal es por la refinería de Talara, proyecto de modernización que tiene un costo de US$4,700 millones para lograr aumentar la capacidad de producción a 90 mil barriles de petróleo, que no es suficiente para cubrir la demanda de nuestro país (que era 151 mil barriles al 2019).
Un gobierno menos corrupto y efectivo hacen la diferencia
La propuesta de Pedro Castillo, en lugar de ser “refundacional”, debería ser más bien reformista de nuestras instituciones. Si revisamos cifras reales, tenemos que al término de cada mandato en Perú, lo ejecutado por el gobierno de turno supera al anterior en un 50%. O sea, cada gobierno peruano, después del 2000, ha gastado 1.7 veces más que el anterior. Pero esto no se traduce en un mejor Estado. Según estándares internacionales, el gobierno peruano es ineficiente y corrupto.
Además de la burocracia e ineficiencia del Estado, es preocupante la posición que ocupa nuestro país en el indicador de lucha contra la corrupción: está por debajo de países de América Latina y a la par de naciones de ingresos medios bajos como Bolivia, Nicaragua, El Salvador, entre otros, según datos del 2019 del Banco Mundial.
Estos datos solo reflejan los resultados de lo que hoy tenemos: un Estado enorme, con 19 ministerios, un millón y medio de empleados públicos y pocos mecanismos de control.
La subsidiaridad del Estado bajo la lupa
Los resultados de una gestión deficiente no importan cuando se trata de restaurar el rol de un Estado empresario. Para ello, Petroperú es una empresa emblemática. Pero esta propuesta atenta contra el principio de subsidiaridad, que implica que las aventuras empresariales del Estado deben estar limitadas a actividades donde no participa el sector privado.
En lugar de dedicar tiempo y recursos a empresas que no generan utilidades o que ponen en riesgo los recursos del Estado, este debe concentrarse en otras funciones como la protección de derechos y garantizar el acceso a servicios públicos.
(*) Este informe fue publicado originalmente en Perú por la Asociación de Contribuyentes del Perú.