Los efectos de la última crisis política-que provocó que tuviéramos tres presidentes en una semana- no se agotaron con la llegada de Francisco Sagasti al poder. En el Perú parece que ninguna crisis es suficiente, porque cuando creemos que se está saliendo de una, llega la siguiente. Y todo ello en medio de la peor crisis económica y social de los últimos 50 años debido a la pandemia.
El paro agrario en Ica, con reclamos justos por abusos laborales de ciertas empresas que se aprovechan la informalidad que hay en el sector, incluyó protestas violentas y vandalismo que han evidenciado la debilidad del gobierno para hacer frente a la situación. Y ahora parecen tener efecto dominó.
Van cuatro días de bloqueo de la Panamericana Sur, y este ‘modus operandi’ se repite además en la Panamericana Norte, en La Libertad (donde además hay un fallecido), y en la Carretera Central. Son los tres principales puntos de acceso a la capital, que está aislada. Hay cientos de personas varadas, varias de las cuales ya presentan problemas de salud, y toneladas alimentos y otros productos que no puenden llegar a su destino. Hay más de 120 hospitales casi desabastecidos de oxígeno medicinal.
El presidente Sagasti ha dicho que protestar es legítimo, pero bloquear carreteras es un delito que el Estado no puede aceptar. Y es verdad, pero en medio hay una Policía que no sabe cómo actuar, luego de las muertes de dos manifestantes en las protestas de Lima de noviembre último que provocaron cambios en el alto mando y que a su vez desataron una crisis y malestar en la institución.
El nuevo jefe de la Policía, César Cervantes, señaló que, en el paro agrario de los trabajadores en Ica, las fuerzas del orden actuarán con una “actitud muy conservadora” para no tener “ningún costo social”, lo cual es correcto, pero tampoco puede renunciar a su función de hacer cumplir la ley y cuidar el orden público.
Las consecuencias las estamos viendo y padeciendo todos: caos y desorden del que se aprovechan grupos radicales y políticos en campaña para promover sus agendas particulares –“nueva Constitución”, “segunda reforma agraria”, etc– que ponen en riesgo los avances que, a trompicones, ha tenido el país en los últimos 20 años. No importa si lo hacen con mentiras o falacias.
En el Congreso, ahora buscan derogar la ley de promoción agraria, pese a que este ha demostrado funcionar. Ya aprobaron el dictamen en tiempo récord en dos comisiones legislativas y quedó listo para verse en el pleno. La suerte ya parece echada. El Ejecutivo también ha presentado una propuesta que introduce cambios a la norma. Pero ninguno escucha al otro, como pasó con el caso de la ONP.
Y lo peor, que desde el mismo gobierno se contribuye a la desinformación. El ministro de Trabajo, Javier Palacios, dijo sobre el régimen agrario que “todas las normas de carácter laboral de esa ley deben ser derogadas”, porque “corresponde aplicar el régimen general, que tiene las vacaciones, la CTS, gratificaciones y todos los derechos considerados ahí”. O sea, la máxima autoridad del sector da a entender que la ley de agraria no tiene esos beneficios laborales, lo cual no solo es impreciso, sino falso, como lo hemos explicado ya acá.
Así, los grupos y sectores que promueven y alientan las protestas -violentas o no- saben que es un mecanismo de presión que funciona, sobre todo, frente a un gobierno débil que busca que no se le considere contrario a las calles y un Congreso populista que busca el aplauso fácil. Hoy es la ley agraria, mañana poder ser la concesione mineras.
Nadie busca un punto medio o equilibrado. Ningún partido o candidato propone salidas efectivas y sentataz ante esta crisis. Y así no se podrá reactivar el país tras el peor año para la salud y la economía de millones de peruanos. Por ello, el cambio debe empezar por la ciudadanía en las elecciones de abril, con un voto informado y responsable.