Como parte de las facultades legislativas que han solicitado al Congreso, el ministro de Economía, Pedro Francke, ha repito en cuanto medio o conferencia ha podido que el gobierno pretende aumentar la carga tributaria total a la minería en 3 o 4 puntos porcentuales, porque en el Perú esta asciende a 41,7%,
Lo paradójico es que para sustentar su posición, Francke se basa en un informe preliminar del FMI –organismo que hasta hace poco el hoy ministro despreciaba-, pero la mayoría de estudios que se han hecho en Perú señalan lo contrario, que la carga tributaria en nuestro país es superior a la de Chile, país con el que el titular del MEF nos compara.
Entonces, el problema es que Francke parte de un estudio cuyos resultados dependen de supuestos poco realistas. “Partir de un diagnóstico equivocado puede tener graves consecuencias para el país”, advierte un informe de Apoyo Consultoría.
¿Cuáles son los peligros? Que el sector minero pierda competitividad y se ahuyenten las inversiones, en un contexto de precios altos de los minerales. En concreto, un mal rediseño del esquema tributario minero pone en riesgo casi 40 proyectos de inversión por US$ 46 mil millones. Cajamarca, Apurímac y Arequipa serían las regiones más afectadas, porque concentran el 75% de la cartera de inversión minera.
“Colocar impuestos anti técnicos puede generar que la minería se vuelva menos competitiva y, al final, se ahuyente la inversión. Por tener una visión cortoplacista de querer recaudar hoy S/12,000 millones, los tributos que se dejarían de cobrar por efectos de la cancelación o retraso de proyectos supera esa cifra que el gobierno quiere recaudar”, explica Manuel Muñoz, economista de la Asociación de Contribuyentes.
“Todavía existe dinero del canon, regalías no gastadas, y si hoy piden más recursos, supongo que serán dirigidos para el asistencialismo que está planteando el Gobierno”.
Rómulo Mucho, exviceministro de Energía y Minas.
Entonces, el gobierno debería enfocarse en mejorar los presupuestos no ejecutados o mal direccionados, porque ese el problema de fondo. Por ello, diversos expertos consideran que el Ejecutivo no debe recibir las facultades que solicitó al Congreso, porque su propuesta parte de un diagnóstico equivocado.