En los últimos días, un sector del Congreso ha buscado detener el riesgo que corren la formalidad laboral y la competitividad si entra en vigencia la eliminación de la tercerización. El último jueves 7 de julio, todo parecía indicar que se lograría un nuevo consenso en contra de la medida, en la Junta de Portavoces, y el tema pasaría a discutirse nuevamente.
Como se recuerda, el Ejecutivo aprobó en febrero pasado el decreto supremo que prohíbe la tercerización laboral en “actividades nucleares y/o neurálgicas dentro de las empresas”.
La norma de la prohibición de la tercerización fue promovida durante la gestión de la exministra Betssy Chávez, pese a las opiniones en contra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que alertó que la medida afectaría el empleo formal y la productividad en el país.
De no derogarse, la prohibición de la tercerización entrará en vigencia el 22 de agosto próximo.
Así las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú apoyaron exonerar del trámite de comisión el proyecto de ley que deroga el decreto supremo que restringe la tercerización y que se pueda debatir directamente en el Pleno del Congreso la próxima semana.
Ese mismo jueves a las 7:23pm, Waldemar Cerrón, vocero del oficialismo, sumó su firma al pedido. Con ella se lograban las 78 adhesiones necesarias para continuar el debate en el Pleno, pero este gesto fue calculado para petardear a último momento el proceso
A las 8:56 pm, del mismo día, Cerrón retiró su firma y dejó en el limbo la posibilidad de derogar la norma, con lo que, una vez más, evidencia el nulo interés de proteger a los trabajadores por parte del oficialismo.
Al margen de este boicot, el dictamen será visto en la Comisión de Constitución, que sesiona este viernes 8. Allí, de ser aprobado, se podría agendar para las sesiones de Pleno que se darán el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de julio. Cabe señalar que la legislatura termina el 15 de este mes.