El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 418 del Código Penal —aprobado mediante el Decreto Legislativo 635— y, así, disuadir a jueces y fiscales de utilizar la figura legal de la colaboración eficaz, medida que debilita la lucha contra la corrupción.
A través de la iniciativa legislativa 1145/2021-CR, el parlamentario Waldemar Cerrón plantea incorporar como delito de prevaricato “el mal uso” de las resoluciones judiciales o dictámenes fiscales que incluyan declaraciones falsas de colaboradores eficaces “sin corroborar, constatar o cotejar”.
“La presente propuesta legislativa tiene por finalidad garantizar el derecho de todo ciudadano a no ser procesado, acusado y/o sentenciado con medios de prueba que provengan de declaraciones falsas o inexactas de colaboradores eficaces, que no fueron previamente constatadas, cotejadas o verificadas por los magistrados que tuvieron a su cargo la admisión de estas pruebas y su convalidación dentro de un proceso judicial, estas declaraciones, tampoco podrán ser tomados en cuenta en otros procesos judiciales, bajo responsabilidad de incurrir en delitos”, señala el texto de la iniciativa legislativa de Perú Libre.
Según Waldemar Cerrón, la figura de colaboración eficaz “ha sido penetrada por el mismo aparato corrupto, encargado de combatirla”. Afirma que “es evidente que existen malos fiscales” que han llegado a convenios con investigados que “se ven obligados a fabricar declaraciones a cambio de su libertad y en perjuicio de personas inocentes”.
No obstante, el legislador de Perú Libre ha reconocido que la colaboración eficaz ha permitido descubrir varios casos de corrupción como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Cabe mencionar que esta figura legal también podría ayudar a esclarecer el caso Puente Tarata III, que involucra al presidente Pedro Castillo y a la lobista Karelim López.
Por último, el documento de Perú Libre plantea una sanción para aquellos magistrados que incurran en este hecho. “Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”, apunta.