El Perú, hasta 1993, era un país donde el Estado planificaba gran parte de las decisiones económicas. Ello quiere decir que el Estado básicamente decidía qué producir, cómo y para quién. Esto era una clara intervención del Estado en las libertades más básicas de los ciudadanos.
Todas las decisiones fundamentales se tomaban en y por el Estado. Un grupo de personas, que se les puede llamar planificadores centrales, creían ser dioses al pensar que podían tener mejor y más completa información sobre gustos y preferencias sobre el total de consumidores que conformaban la economía.
¿Qué trajo como consecuencia?
Lo primero es que no existía una libertad de empresa. Es decir, el mismo Estado no deseaba competidores. Argumentos como “sector estratégico de la economía”, “va a afectar a la economía del pueblo”, “tenemos que ir contra unos poco para beneficiar a la patria” eran los típicos que se repetían una y otra vez para dar el poder empresarial al Estado.
A ti comerciante, ¿aceptarías que un burócrata venga y te diga: «eso no comercies, porque cobras un precio alto y obtienes mucha ganancia, déjaselo al Estado y vende otra cosa?». O a un industrial, «¿deja de producir de tal manera (normalmente eficiente) porque yo Estado lo haré mejor?» No creo, ¿verdad? Bueno, esa era la realidad de los años 80 y de inicios de los 90.
Obviamente, para lograr que no tenga competidores el Estado, este era dueño o controlaba una gran cantidad de medios de producción como industrias, fábricas, distribuidoras, comercializadoras, mineras, pesqueras, etc. El Estado era el tóxico que se metía en todo. ¡En todo!
¿Pero cómo el Estado pudo mantener esta situación? Al ser el Estado el “dueño” de una gran cantidad del aparato productivo y poder fijar los precios daba señales a los agentes y a lo que quedaba del mercado, de que la economía estaba on fire. Sin embargo, lo que en realidad pasaba era que gran parte de los productos y servicios estaban siendo subsidiados para dar esa sensación de crecimiento económico.
En realidad, el aparato empresarial del Estado no tuvo una dirección correcta pero sí una brutal descapitalización. ¿Por qué creen? Por el continuo retraso de precios de los bienes y servicios que producían. Ese atraso en precios significó un severo deterioro de las finanzas de las empresas y de su capacidad de ofrecer los bienes y servicios que la propia economía, intensamente intervenida, requería.
Sus padres deben recordar estas empresas: Ecasa, Enci, Petroperú, Electroperú, Mineroperú, Centrominperú, Siderperú, Pescaperú, y muchas otras más eran empresas, a finales de los 90, con pérdidas cercanas a los US$3,200 millones. Empresas que los ciudadanos, por decisión de un grupo que controlaba al Estado, tenían que seguir financiando a través de lo que el mismo Estado les extraía en base a impuestos. ¡El colmo!
“Ustedes de Piensa.pe exageran. No es posible que con esos resultados que se iban dando no restructuraran la situación”. Bueno, son políticos. Para ellos, al ver los resultados asumían que la intervención no funcionaba porque no era total, por lo que su solución era que el Estado intervenga más en la economía. Una visión totalmente alejada de la realidad y sin el más mínimo respeto por las leyes básicas de la economía que toda sociedad debe considerar para lograr el bienes a sus ciudadanos.
Esta manera de intervenir en la economía por un aparato burocrático que creía tener el poder y conocimiento, por encima de consumidores y empresarios, derivó en una excesiva burocracia que se volvió lenta e ineficaz. También que, al no promover la competencia, el incentivo a innovar desaparece. Y lo más importante, la libertad individual de tomar decisiones económicas propias estaba prohibida o ausente. Todo esto nos condujo a una debacle económica de la que nos costó mucho salir.
Después de esos eventos, ¿qué pasó?
Se liberalizó la economía y se abrieron los mercados. ¿Pero el Estado dejó de intervenirla? No. ¿Acaso el Estado aceptaría perder su fuerza para controlar? Jamás. Pasamos a ser una economía gestionada por un sistema económico regulado. Gracias a normas emanadas por el Estado; es decir, tenemos un sistema de mercado limitado. ¿Bajo qué argumento? Por las famosas “fallas de mercado”.
Monopolios naturales, bienes públicos, asimetrías de la información, externalidades y problemas de coordinación son las excusas que muchos promotores de la regulación exigen para dar un verdadero equilibrio a los mercados a través de lo que se ha convertido en políticas públicas.
Esos problemas existen en la realidad. Están ahí y hacen creer que el mercado es malo o ineficiente. Pero hay otras maneras para resolverlo, alejado completamente del Estado. ¿O creen que con el solo hecho de cambiar burocrátas o políticas hechas por burócratas, el problema se soluciona? ¿Acaso no podrían aparecer fallas de Estado?
La solución querido lector, viene del mismo libre mercado y de las instituciones que lo amparan, pero eso será motivo a tocar en siguiente artículo, porque este ya se convirtió un toque largo.