A raíz de la pandemia, la Suspensión Perfecta se estableció como el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral. Dicha medida se dio en razón la crisis económica como causa de la paralización de rubros laborales.
Asimismo, se sabe que programas como el Reactiva Perú habría llegado solo al 3% de las mypes. Además, la Asociación PYME Perú asegura que el 98.5% del dinero para financiar empresas fue entregado a bancos y no a cajas, que son el principal apoyo financiero de las pequeñas empresas. Frente a esto, muchas empresas aunque no quisieran, tuvieron que acogerse a la suspensión perfecta con la expectativa de retomar sus labores en el futuro.
La congresista Sigrid Bazán presentó su primer proyecto legislativo, el cual busca derogar la suspensión perfecta. Respecto a esta acción, la congresista ha sido blanco de críticas y burlas. Lo cierto es que un análisis legal hecho por los mejores abogados del país señala que este proyecto legislativo sería inviable. Acá te contamos tres puntos importantes a tener en cuenta sobre su tan cuestionado proyecto:
- La congresista hace referencia al silencio administrativo como causante de desprotección a los trabajadores. Al respecto es importante señalar que el silencio administrativo positivo no se ha aplicado a lo largo de los procedimientos durante la pandemia. Esto denota que no tuvo idea.
- El proyecto pretende que con la entrada en vigencia de la norma, los trabajadores suspendidos “retornen a sus labores de manera inmediata”. Ello no sería posible ante el contexto de crisis sanitaria sumado a los eventos relacionados a la crisis política y subida del de dólar.
- Al derogarse este DU (Decreto de Urgencia) no pierden validez todas las suspensiones autorizadas en razón de que no es retroactivo. De ninguna manera, tampoco se efectuaría el pago retroactivo de los sueldos no cobrados.
Lo que significaría la aprobación de este proyecto legislativo es que algunas empresas con poca capacidad de pago optarían por el cese colectivo de personal o las liquidaciones. Otra opción que podrían tomar es aplicar la suspensión perfecta de labores regulada en la Ley de Productividad y Competitividad (desde 1994), la cual no otorga beneficios a los trabajadores.
La opción que no contempló la congresista Bazán es que lo más sencillo e idóneo era abogar por no prorrogar la suspensión perfecta. Nadie discute el fin noble detrás su iniciativa legislativa pero desde ya es sabido que los populismos no son congruentes con las leyes y que los más afectados serían incluso los mismo trabajadores. Añadimos que el empresariado ya esta golpeado por la crisis sanitaria sumada a la crisis política, a algunos les cuesta mantener el empleo por lo que forzarlos a decisiones como esta, ocasionaría liquidaciones masivas de empresas.
