A estas alturas, no quedan dudas que al presidente Pedro Castillo no le interesa gobernar. No es que no lo dejen trabajar como suelen alegar él mismo o sus voceros y defensores de oficio. El país sigue a la deriva, ya sea por su propia incapacidad, desinterés o negligencia. El resultado es el mismo: una gestión desastrosa para los ciudadanos de a pie, pero funcional a los intereses particulares del mandatario, ciertos sindicatos y su entorno. O sea, más de lo mismo.
Esta semana arranca con un nuevo escándalo en Palacio, como ya se ha hecho (mala) costumbre en los últimos cuatro meses. Y ninguno de los casos ha merecido ni una respuesta o explicación clara del presidente Castillo ante el país que lo eligió y lo puso donde está hoy, más allá de algún tuit o pronunciamiento vacío o abiertamente falaz.
Ahora nos enteremos, por un reportaje de Cuarto Poder, que el presidente se zurra en las normas de transparencia como al inicio de su mandato, cuando se negó a despachar en Palacio y lo hizo en la casa de Breña que utilizó como búnker de campaña. En ese momento se advirtió de la ilegalidad de su actuar en un informe de la Contraloría. Pero lo volvió a hacer, y otra vez en la vivienda del pasaje Sarratea, entre octubre y noviembre.
¿Qué hace el presidente reuniéndose con ministros, funcionarios y empresarios en esa casa de Breña de forma clandestina, sin que haya registro de nada ni se sepa para qué? ¿Por qué no despacha en Palacio, donde se graban los encuentros, se consignan las visitas y la agenda es pública, como exigen las normas de transparencia? Las sospechas aumentan si tenemos en cuenta que hace solo unos días la fiscalía halló US$20 mil en efectivo escondidos en un baño de Palacio de Gobierno que usaba el exsecretario presidencial Bruno Pacheco. Para el 87% de peruanos, ese dinero es producto de la corrupción (Ipsos).
Las imágenes del dominical son elocuentes además. Se ve a un Pedro Castillo que llega de noche a la casa de Breña sin su sombrero característico y con una gorra, como para pasar desapercibido. El presidente desciende de un auto Audi blanco, que está asignado al despacho presidencial, y entra en la vivienda de forma sigilosa.
Entre los participantes más visibles de los encuentros clandestinos en Breña, que se dieron entre el 10 y 19 de noviembre últimos, figuran el sobrino presidencial Fray Vásquez Castillo, quien es parte del círculo más íntimo del mandatario desde la campaña; Juan Carrasco Millones, el actual ministro de Defensa; y Jaqueline Perales Olano, gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
Precisamente, el viernes 19 de noviembre último llegó a la casa de Breña Karelim López Arredondo, que asesora a una empresa que ganó un contrato de S/232.5 millones con Provías Descentralizado. Esta consultora es amiga de Pacheco, exsecretario de Palacio y amigo cercano de Pedro Castillo que traficaba influencias desde su cargo y que escondía US$20 mil en efectivo en el baño de su despacho.
Otro dato a tener en cuenta: antes que la empresa que asesora ganara una millonaria obra, Karelim López estuvo seis veces en Palacio: tres para reunirse con Pacheco (18 de octubre, 8 y 9 de noviembre) y otras tres con Castillo (27 de agosto, 17 y 18 de octubre), reveló El Comercio.
Para más señas, Karelim López le brinda “servicios de asesoramiento” a Termirex S.A.C., una de las empresas del Consorcio Puente Tarata III, que se adjudicó la buena pro para la construcción del puente vehicular Tarata a fines de octubre. El contrato con este consorcio se suscribió un mes después, el 25 de noviembre.
La vista de Karelim López a la casa de Breña coincidió con la del ministro Carrasco. El Mindef no ha explicado qué hacía ahí el titular de Defensa. En su agenda oficial, no figuraba ninguna actividad en la vivienda del pasaje Sarratea.
El que sí se pronunció fue el presidente Castillo. Lo hizo a través de Twitter, pero para burlarse otra vez de los peruanos. “Como jefe del Estado, no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular. Exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley”, escribió.
Sea como fuere, hay indicios suficientes para que la fiscalía inicie una investigación, según varios expertos, por colusión desleal, que es una figura delictiva en la que funcionarios públicos y particulares se ponen de acuerdo para defraudar al Estado. En el caso del Consorcio Puente Tarata III, hay motivos para sospechar que hubo un favorecimiento indebido.
En medio de los reiterados escándalos, a Castillo y a sus defensores se le está agotando la perorata de que no los dejan gobernar, para justificar la notoria incapacidad o desinterés que hay en Palacio para atender los principales problemas del país. La popularidad del presidente se desplomó en último mes, según la más reciente encuesta del IEP, al caer de 35% a 25%, y su desaprobación creció de 48% a 65%. El desgaste es evidente y el 62% de peruanos pronostica que Castillo no terminará su mandato.