La fiscal Bonnie Bautista acaba de hacer una grave denuncia: que la campaña de Pedro Castillo, que todo hace suponer que será el próximo presidente del país, se financió con dinero ilícito, producto del cobro de cupos y coimas de ‘Los dinámicos del centro’, mafia enquistada en el gobierno regional de Junín en la que están implicados altos dirigentes de Perú Libre, de los cuales dos apoyaron de forma directa y activa la candidatura del profesor cajamarquino.
Aunque no sorprende, porque se sabía de los antecedentes por corrupción del dueño y fundador del partido, Vladimir Cerrón, que tiene aún una sentencia firme por negociación incompatible –que ha buscado tumbársela con artimañas judiciales–, sí es poco creíble que se diga ahora que Castillo Terrones no sabía cómo se financiaba su campaña o que no estaba al tanto de ello. En el hipotético caso de que así fuera, preocupa que quien ocupará muy probablemente el máximo cargo de la nación a partir del 28 de julio próximo haya permitido que esto suceda bajo su liderazgo o, lo que sería peor, que se haya hecho el de la vista gorda, cuando hay varios políticos que enfrentan serios problemas judiciales por acusaciones de financiamiento ilegal de campaña, entre estos la misma Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta, sobre quien pesa un pedido fiscal de 30 años de cárcel.
Estas denuncias tienen semanas, en las que Castillo guardó silencio, hasta el lunes último en que finalmente se pronunció al respecto, pero al ser preguntado sobre este escándalo que empaña su campaña: «Me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso. Rechazo rotundamente», dijo.
En lo que sí tuvo iniciativa el candidato fue en anunciar que, desde el día uno en que asuma el poder, insistirá en una Asamblea Constituyente, que es un guiño para Cerrón y otros implicados en esta organización criminal, que son los que, con más entusiasmo, defienden un proceso constituyente, con los riesgos que ello implica. En tanto, desde el partido del lápiz optaron por amenazar a la prensa. “Hay una desesperación enorme de la derecha por involucrar a Castillo en financiamiento ilegal de su campaña y el Grupo El Comercio hace eco con su monopolio. Por ello necesitamos una ley de medios”, escribió Perú Libre en su cuenta de Twitter.
El expediente fiscal
“La orden fue que se recauden sumas de dinero a toda costa para financiar en el año 2020 y 2021 la campaña política [de Perú Libre]”, señala la tesis fiscal, que recoge testimonios de dos aspirantes a colaboradores eficaces que han entregado evidencia de cómo operaba esta mafia y cuánto cobraban por la emisión de brevetes y puestos laborales. El Ministerio Público ya formalizó la investigación preparatoria contra 20 señalados integrantes de la organización criminal el último 29 de junio.
Hay dos personajes claves en esta historia. Uno es Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita, que además es un hombre de confianza de Cerrón y a la sazón es el secretario nacional de organización de Perú Libre, cargo clave en un partido. Pero no solo eso. ‘Pinturita’ además participó activamente en la campaña de Pedro Castillo y pese a no tener ningún cargo formal en el gobierno de Junín, hace y deshace en la Dirección Regional de Transportes. Hoy está prófugo.
El otro es Eduardo Bendezú Gutarra, militante de Perú Libre y que además participó como negociador de los debates del JNE para la segunda vuelta. Bendezú fue, desde abril del 2019, director de Programa Sectorial IV en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín y era voceado como futuro ministro de Transportes y Comunicaciones, y que incluso ya estaba “distribuyendo los puestos de trabajo”, según dijo uno de los informantes de la fiscalía.
Además, al menos un aspirante a colaborador eficaz contó que se sintieron “obligados” a apoyar al partido –léase a pagar cupos– “por el temor a que nos cambien de puesto o nos arrinconen”. Y aquí aparece otra pieza clave de la red mafiosa: Marina Vásquez López, jefa de personal de la DRTC Junín y a la vez secretaria de regiones de Perú Libre, quien tenía el encargo de coordinar la asignación de plazas laborales y luego cobrar a los trabajadores que colocaba parte de su sueldo a modo de contribución para la campaña de Castillo.
Además, entre abril y mayo del 2021, de cara a la segunda vuelta, subió la cantidad de cupos que reclamaba la organización criminal y aumentaron también las coimas para la obtención de brevetes, que oscilaban entre S/ 500 y S/ 2,300 por postulante, según el tipo de licencia y los exámenes de que debían superar, señaló otro de los aspirantes de colaborador eficaz. Estos montos se cobraban a unas 30 o 40 personas por día. Todo ese dinero, de origen ilícito, era para financiar la campaña de Pedro Castillo, sostiene la fiscalía.
Los topos del Lápiz
Por si fuera poco, el Ministerio Público ha denunciado que varios de los sindicados integrantes de ‘Los dinámicos del centro’ fueron alertados de las intervenciones y allanamientos que se hicieron el 15 de junio pasado, cuando se detuvo a 27 personas, y que trataron de desaparecer evidencias.
El mismo Vladimir Cerrón tenía esa resolución de allanamiento días antes de que ocurra, dijo la fiscal adjunta María Huamán, el lunes, en el tercer día de audiencia en la que se evalúa la prisión preventiva para los investigados en este caso.
En esa intervención, se logró recuperar el celular de Waldys Vilcapoma, encargado de la Dirección Regional de Transportes de la sede Satipo, quiso esconder en el tanque de un inodoro cuando lo detuvieron. En ese equipo habían 618 registros fotográficos que evidencian que el investigado buscó perturbar la actividad probatoria.
Había incluso una conversación de WhatsApp que tuvo con Cerrón, un día antes del allanamiento del pasado 15 de junio. «Camarada, buenos días, ¿van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido», le escribe Vilcapoma al número guardado con el nombre «Vlady», que es el mismo que usa Cerrón.
«¿Eso qué demuestra? Que Vladimir Cerrón Rojas tenía esta resolución», dijo la fiscal al sustentar que hay obstaculización de la justicia.
Las movidas (financieras) de Cerrón
Por si fuera poco, El Comercio accedió a información financiera de Vladimir Cerrón que revela que el fundador de Perú Libre movió más de S/ 1.5 millones entre cinco bancos, la mayor parte de ese dinero de origen desconocido, en 2013, durante su primera gestión como gobernador regional de Junín (2011-2014).
En enero de 2013, Cerrón depositó US$20.000 en una cuenta de fondos mutuos del BCP, hasta marzo del 2015, cuando retiró ese dinero -que no sabe de dónde salió, según los reportes financieros- y los intereses generados.
El exgobernador reportó en su declaración jurada a la Contraloría que en el 2013 tenía un ingreso mensual del Estado por S/14.300. No registró ingresos por actividades privadas y como bienes consignó un monto de S/69.457. Ese mismo año su patrimonio tuvo un crecimiento exponencial, porque a fines del 2013 reportó como bienes S/680.400, diez veces más que en la anterior.
Luego, en enero de 2016, Perú Libertario (ahora Perú Libre) logró su inscripción como partido. En agosto de ese año, Cerrón depositó S/16.809 en el Banco de Nación, monto del que tampoco se sabe su procedencia y que ingresó a una cuenta con otros S/546.689. Tres meses después, en noviembre, el exgobernador retiró S/575.460 de ese dinero.
En octubre del 2017, el fundador de Perú Libre depositó S/212.000 en una cuenta de ahorros del BBVA. De ese dinero, S/170.293, tiene origen desconocido. En diciembre del mismo año ingresó S/602.800, de los cuales tampoco se sabe de dónde salieron. Ese monto llegó primero a una cuenta a plazo fijo y luego pasó a una de ahorros. Ese dinero luego sería parte de los S/900.000 que Cerrón transfirió al Interbank el 3 de marzo del 2020.
Todo esto representa “indicios fuertes” para que al dueño de Perú Libre se le abra un expediente por lavado de activos que permita conocer la ruta del dinero, sostiene el penalista Carlos Caro. “Es un personaje expuesto políticamente [PEP]. Ha sido gobernador regional en dos ocasiones y, por lo tanto, el sistema de prevención de lavado de activos debe ser más estricto conforme la legislación”, dijo.
Otra operación que llamó la atención de las autoridades financieras fue que Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, le transfirió a Cerrón S/15.709 desde una cuenta mancomunada que posee junto a Braulio Grajeda Bellido, el 15 de diciembre del 2020. Grajeda es actual vocero del partido y postuló al Congreso por la región Lima, mientras que Boluarte alegó que hizo la transferencia en su calidad de secretaria de economía de Perú Libre. Según contó Boluarte, en noviembre pasado, Cerrón pidió ayuda económica a los militantes de su partido para pagar su reparación civil, a lo que la dirigencia decidió apoyar “solidariamente ese requerimiento”.