“Palabra de maestro” es el eslogan vacío de un presidente mudo que ya no convence ni a sus seguidores. En tan solo cinco meses, los escándalos del gobierno de Pedro Castillo han puesto en riesgo la lucha contra la corrupción, la idoneidad en la gestión pública y la libertad de prensa. Un informe de la Plataforma Vigilantes -integrada por 13 organizaciones de la sociedad civil- ha arrojado ocho alertas “muy graves” por el incumplimiento de los compromisos democráticos asumidos por el mandatario.
El 17 de mayo de 2021, durante la segunda vuelta presidencial, los entonces candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori suscribieron doce compromisos en temas de manejo de pandemia, derechos humanos, reelección, estado de Derecho, autonomía de organizaciones, educación, libertad de prensa, libertad de asociación, lucha anticorrupción, asuntos internacionales, inversión y gasto público, y Fuerzas Armadas y policiales. Y en base a estos, la Plataforma Vigilantes evaluó el desempeño presidencial en sus primeros 120 días.
Lucha contra la corrupción
Uno de los hechos que ha despertado más desconfianza en la población son las continuas reuniones clandestinas de Pedro Castillo en la casa del jirón Sarratea, en Breña, con empresarios, ministros y funcionarios públicos. El compromiso que firmó Castillo consiste en “respetar y hacer respetar por los altos funcionarios del gobierno el principio de transparencia en todo tipo de acto, reunión y decisión que se realicen”. Los detalles de estos encuentros aún son desconocidos, pero la percepción de corrupción ya se ha instalado en el imaginario colectivo.
“La actitud del gobierno frente a la lucha contra la corrupción es bochornosa, como también las respuestas que quieren dar algunos funcionarios del Estado. El ministro de Justicia [Aníbal Torres] afirma que Karelim López fue a la casa del presidente, pero que no se reunió con él y que él no sabía nada. Esto es una tomadura de pelo”, cuestiona el analista Gianfranco Vigo.
Idoneidad en la gestión pública
Así como el profesor Castillo despacha fuera de Palacio de gobierno deslegitimando su investidura, también ha enturbiado los ministerios, al designar a personajes cuestionables con investigaciones abiertas por lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Los más escandalosos: Iver Maraví, ex ministro de Trabajo, y Luis Barranzuela, ex ministro del Interior. Mientras Maraví fue acusado de terrorismo, Barranzuela habría recibido más de 207 mil soles por brindar presuntos servicios fantasmas a una empresa azucarera.
Castillo ha faltado a un indicador clave en la carta democrática que juró honrar: “Garantizar la designación de altos funcionarios sin antecedentes de condenas por corrupción o con procesos de investigación en curso”. El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, quien integra la Plataforma Vigilantes, dice al respecto: “Hay que recordar que el compromiso lo asumió personalmente el ahora presidente de la República [Pedro Castillo], entonces, el primer responsable de cumplir, honrar estos compromisos es él. Uno esperaría que él dé las orientaciones a su equipo de gobierno, a sus ministros y ministras para hacer los ajustes necesarios”.
Respeto a la institucionalidad
El 4 de noviembre de 2021 se removió a los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea sin previo aviso del presidente Castillo ni del ministro de Defensa de aquel entonces, Walter Ayala. De esta manera el actual gobierno vulneró la autonomía de las instituciones más emblemáticas de la defensa nacional. En este caso, el compromiso incumplido es no haber “respetado la institucionalidad meritocrática y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policiales”.
“Vemos un gobierno obstinado en atacar reformas y atacar instituciones. Estamos viendo un criterio de nombramiento más ligado al compadrazgo, al pago de favores o al partidismo, sin mencionar que pareciera también ser un requisito el prontuario para ser funcionario público, incluso en ministros de Estado”, apunta el comunicador político Gianfranco Vigo.
Libertad de prensa
En plena campaña electoral, Pedro Castillo se comprometió a “respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa” en un eventual gobierno suyo. Sin embargo, ya en el poder, el mandatario instauró la ‘ley del hielo’ hacia los medios de comunicación y periodistas que cuestionan, investigan y fiscalizan su gestión, limitando su relación con la ciudadanía a discursos en eventos oficiales y a mensajes a la nación.
El documento también alerta que “desde el Ejecutivo y, también desde el Legislativo, se viene promoviendo un discurso inflamatorio contra los medios y los periodistas”. Para Vigo, el trato del gobierno de Castillo hacia la prensa es “hostil”. “Tiene una actitud autoritaria con los medios. Los regímenes autoritarios se caracterizan justamente por querer controlar los medios de comunicación. La hostilidad se nota”, asegura.
El pesimismo frente al gobierno del presidente Pedro Castillo se ha expandido rápidamente por su falta de transparencia, ausencia de objetivos claros y escasa capacidad de gestión.
DATO. La iniciativa de Plataforma Vigilantes es promovida por CIPCA, Consejo de la Prensa Peruana, Foro Educativo, Grupo de prospectiva de políticas públicas de la PUCP, Impulso País, Internacia, Instituto Bartolomé de las Casas, IPAE, Laboratorio de Innovación en Salud – UPCH, Open Política, Perspectiva Constitucional, Proética y Transparencia.