El presidente Pedro Castillo ha tratado de eludir su responsabilidad como gobernante en un supuesto proceso de “aprendizaje”, pero lo cierto es que su problema no es ese, sino de decisiones, de malas decisiones, básicamente.
Lo acaba de confirmar, al improvisar su tercer gabinete en seis meses de gestión con personas con antecedentes judiciales o con problemas éticos; o ambos a la vez, y también sin el perfil ni la experiencia necesarios para el cargo que se les confía.
Es decir, es más de lo mismo, con un equipo ministerial remachado e improvisado desde su cabeza, en el que hay 10 nuevos nombres y otros nueve que han sido ratificados en sus puestos, con algunos incluso que nunca debieron estar en el gabinete, pero se mantienen ahí, pese a estar implicados en escándalos, como el titular del MTC, Juan Silva.
Pero vayamos por partes.
Héctor Valer, el premier santimbanqui y agresor
El nuevo jefe de gabinete es Héctor Valer, quien llegó al actual Congreso con Renovación Popular, pero renunció al poco tiempo y se pasó a Somos Perú para finalmente crear su propia bancada, Perú Democrático. Tiene 63 años y es abogado de profesión.
Su designación fue una sorpresa, porque no estaba en el bolo, hasta donde se sabía. Eso sí, Valer comulga con Castillo sobre una promesa que el hoy mandatario hizo en campaña: la de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución, algo que ahora será inviable sin pasar primero por el Congreso.
Pero antes de ser premier, Valer pasó por el Apra, donde militó entre el 2008 y 2010, oficialmente, aunque se autodefine como aprista y hayista desde su juventud. Luego empezó su periplo político con distintas camisetas. En 2014 tentó la presidencia regional de Lima con Unión por el Perú (UPP); en 2018 intentó otra vez llegar a ese cargo, pero ya con Perú Nación. En ambos casos sin suerte. Ya en 2021 postuló al Congreso por Renovación Popular y al fin logró ganar una elección popular.
Valer también tiene antecedentes judiciales. Tiene una investigación en curso, desde el 2019, por corrupción, en la modalidad de colusión, en agravio de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Ucayali.
Según la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali, el flamante primer ministro se benefició irregularmente de un contrato con la Municipalidad de Coronel Portillo, a través de la empresa COINCAR-UCAYALI, en su calidad de representante legal. Eso fue en el 2016, de acuerdo con documentos revelado por el Centro Liber. Valer se habría coludido con el alcalde para obtener a su favor la administración del camal municipal sin respetar el procedimiento para la concesión. El proceso está en curso.
Pero no solo eso. Valer también fue denunciado porque intentó robarse una prueba piscotécnica. Esto fue en el 2007, cuando fue recomendado por Palacio (en el gobierno de Alan García) para ser gerente de desarrollo en Agrobanco. Los detalles revelados por La Encerrona señalan que el hoy premier no quiso pasar ese test y trató de arrancharle ese documento a la psicóloga a cargo del examen, que terminó por los suelos. Agrobanco denunció a Valer por este incidente.
Por si fuera poco, el nuevo jefe de gabinete de Castillo tiene una denuncia por agresión interpuso su propia hija de 29 años, según un documento policial que reveló el exministro del Interior Carlos Basombrío.
Su esposa, Ana Montoya Leo, fallecida en el 2021, también denunció a Valer por lo mismo en 2016, y en 2017, un juzgado dictó medidas de protección a favor de ella y le prohibió al actual primer ministro “cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso en agravio”. En la resolución se menciona a la hija, Catherine Valer Montoya, también como víctima de agresión física.
El certificado médico del caso señala que “existen indicadores de maltrato corporal” en Ana Montoya.
Además, tres de empresas vinculadas a Valer tienen un deuda coactiva con Sunat por S/42.180. ¿Con estos antecedentes, cuánto durará en el cargo?
Alfonso Chávarry y su abultado expediente judicial
Castillo finalmente nombró como nuevo titular del Interior a Alfonso Chávarry Estrada, un expolicía cajamarquino con graves antecedentes judiciales. El presidente había propuesto a la expremier Mirtha Vásquez reemplazar al renunciante Avelino Guillén con Chávarry, a lo que Vásquez se opuso y terminó renunciando también.
La razón es que el nuevo ministro del Interior, es decir la persona que tendrá a su cargo el sector más sensible y que vela por la seguridad ciudadana en el país, tiene una sentencia por abuso de autoridad, dos procesos por narcotráfico y otro por el delito contra la administración pública, según El Comercio. Pese a ello, en setiembre del año pasado, el hoy ministro del Interior ya había sido designado como Director General de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
Wilber Dux Supo, está fuera de ambiente
El nuevo ministro del Ambiente, una cartera tan sensible en estos momentos, en que tenemos el peor derrame de petróleo en nuestras costas por parte de Repsol, no tiene ninguna experiencia en temas ambientales. Postuló en 2021 al Congreso con el partido de gobierno, pero solo sacó poco más de 1,800 votos.
¿Cuál es su mérito entonces para estar en el gabinete? Haber recogido firmas para la asamblea constituyente de Perú Libre en Lima Norte. ¿Y su experiencia laboral? Haber sido profesor de un colegio en Carabayllo, según consignó él mismo ministro en su hoja de vida con la que postuló. ¿Y su formación? Es geógrafo, tiene apenas 31 años y el grado de Bachiller de San Marcos.
Katy Ugarte, una ultra en Mujer
La nueva ministra es una fanática religiosa, conservadora, y actual congresista del ala magisterial de Perú Libre, que se opone al enfoque de género, una política de Estado que es clave no solo en la educación, sino también en la lucha contra la violencia machista en el Perú.
Como legisladora, presentó un proyecto de ley para reponer a la Carrera Pública Magisterial a cerca de 14,000 docentes que fueron cesados por no aprobar el examen de suficiencia realizado en 2014. También firmó un proyecto antivacuna y luego de retractó. Alegó un “error administrativo” de su despacho.
Ugarte, de 50 años y docente de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, también tiene pasado judicial: en septiembre de 2021, se le declaró reo contumaz en un caso de difamación agravada en su ciudad natal de Sicuani (Cusco), en agravio de Roberto Escobar Moreno. Culpó a su abogado de no notificarla para que asista a la audiencia judicial. El proceso que afrontaba era la época en que fue dirigente sindical del magisterio.
Alejandro Salas, el lenguaraz ministro de Cultura
En cualquier país, un exabrupto racista o xenófobo descalificaría a cualquier persona para cualquier trabajo. Pero eso no pasa en el gobierno de Pedro Castillo, que nombró titular de Cultura a Alejandro Salas, quien tampoco tiene ningún tipo de experiencia en este sector, porque es abogado de profesión, de la Universidad de San Martín de Porres, con una Maestría en Gestión Pública con mención en Defensa Nacional.
Además, su tuiter lo delata. Claro, ahora que tiene notoriedad pública, trató de negar haber dicho lo que dijo. Luego, ante las evidencias, desactivó su cuenta de esta red social.
Sin pena ni gloria
En el tercer gabinete de Castillo fueron expectorados todos sus ‘aliados’ de Nuevo Perú, que claudicaron a sus principios e ideales por una cuota de poder. Y siguen sin reconocer que se equivocaron y prefieren culpar a otros por el desastre propio.
