El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, parece empeñado en acabar con las pocas instituciones que funcionan medianamente bien en el país. Se acaba de hacer público un video, de un mitin del 19 de marzo pasado y difundido por sus propios simpatizantes, en el que dice que desactivará la Defensoría del Pueblo, entidad autónoma que ha sido clave en la defensa de los derechos humanos en el país y que vela por el ciudadano frente a los abusos del mismo Estado.
“Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen. ¿La Defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar? Pero cuánto se lleva”, dijo durante un mitin en la provincia de Espinar, Cusco.
Incluso el candidato no ha despejado las dudas respecto al futuro de esta institución el último martes, ya en su campaña de segunda vuelta, cuando fue consultado sobre sus declaraciones. Prefirió el silencio ante la insistencia de periodistas. Solo se limitó a desautorizar una cuenta en Twitter que difundió el video, pero no borra sus palabras ni intenciones.
Este mismo miércoles, Castillo hizo una conferencia de prensa en Tumbes y no aceptó preguntas de medios nacionales, que buscaban respuestas sobre su propuesta de «desactivar» la Defensoría; tampoco dio detalles de su encuentro con Hernando de Soto.
¿Y qué piensan en Perú Libre de las declaraciones de Castillo? “Yo creo que hay necesidad de hacer una evaluación [de] qué tanto le ha servido la Defensoría del Pueblo en términos efectivos a la población”, dijo Alex Paredes, virtual congresista del partido del lápiz, aunque -a diferencia del candidato presidencial- apuntó que su eliminación de tendría que «encuadrar» dentro del orden constitucional.
Amenaza al orden democrático
Pero ya antes Castillo prometió cerrar el Congreso y el Tribunal Constitucional (TC) si son un escollo para sus planes; también arremetió contra la Sunedu, que es el pilar de la reforma universitaria, prometió anular la Ley de Reforma Magisterial y acabar con organismos claves para del sector transporte, como la ATU y la Sutrán.
En el mismo mitin en Espinar, el candidato de Perú Libre volvió a arremeter contra el TC. “Hay que cambiar el TC de la corrupción, de la desigualdad, por un TC del pueblo; la demanda de Espinar ha terminado en el TC, la de los maestros está dormida en el TC, la demanda de los compañeros contra los agroexportadores está en el TC, la plata de la ONP que no se quiere defender (…) Todo está en el TC; entonces, ¿para qué queremos un tribunal?”.
El problema con lo que dice Castillo, además del poco o nulo respeto por las instituciones que denota, es que evidencia un desconocimiento o desprecio por los principios básicos del orden democrático en el país. En el caso de la Defensoría, se trata de un órgano constitucional autónomo sobre el cual el presidente de la República no tiene facultad, menos podrá cerrarla.
El artículo 161 de la Constitución precisa que el defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal y tiene las mismas prerrogativas de los congresistas. El cargo de defensor del Pueblo es de cinco años y no está sujeto a mandato imperativo.
Por mandato constitucional (artículo 162) a la Defensoría del Pueblo le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales del ciudadano y de la comunidad, así como velar por el cumplimiento de los deberes del Estado frente a la ciudadanía. La institución tiene iniciativa legislativa (puede presentar proyectos de ley) y presupuesto propio. Tiene representación en todo el país y ha mantenido una línea de protección de los derechos ciudadanos.
El papel de la Defensoría
Recientemente, la Defensoría ha tenido un rol activo en la gestión de la pandemia y el plan de vacunación, supervisando estos procesos, identificando problemas y planteando soluciones. También tiene un papel importante en la identificación de conflictos sociales, activos y potenciales, en todo el territorio nacional, y muchas veces su mediación ayuda a la solución de los mismos. Hace poco intervino en el levantamiento del paro de transportistas.
Hasta febrero de este año, la Defensoría del Pueblo identificó 197 conflictos sociales en el país, debidamente documentados y reportados, la mayoría referidos a temas socioambientales. Uno de ellos está en Apurímac, donde se han registrado protestas en contra de la empresa minera Las Bambas, porque la población exige renegociar los contratos de compraventa de terrenos de 2011.
La Defensoría del Pueblo también jugó un rol clave para denunciar los abusos en el gobierno fujimorista. Sus informes iniciales e investigaciones posteriores sobre las esterilizaciones forzadas ayudaron a que este caso no haya quedado impune (actualmente hay un juicio en curso contra los responsables, incluido Alberto Fujimori).