Como ya se ha hecho una mala costumbre en este gobierno, esta semana arranca con un nuevo escándalo y crisis política provocada por el mismo presidente Pedro Castillo, que es el principal responsable de la inestabilidad e incertidumbre permanente que hay en el país desde que asumió el poder, hace tres meses.
Ahora son los ascensos en el Ejército, que Castillo trató de manipular. Así lo confirmó en RPP el excomandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez, quien fue cesado de ese cargo, en el había sido nombre hace apenas tres meses, luego de negarse a aceptar las presiones de los emisarios del jefe de Estado para beneficiar de forma indebida a algunos oficiales.
«Sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso (de ascenso). A través del secretario (de Palacio) Bruno Pacheco y el ministro de Defensa (Walter Ayala) y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados», confirmó Vizcarra.
Las presiones de Palacio fueron en particular por dos nombres: el coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. Este último es hijo del profesor chotano Augusto Bocanegra, amigo muy cercano del presidente Castillo, según reveló El Comercio el fin de semana último. Además es amigo del jefe de gabinete técnico de la presidencia, Auner Vásquez, también natural de Chota (Cajamarca). Augusto Bocanegra es cercano al mandatario desde que este último lideró la huelga magisterial del 2017.
Lo más grave de la denuncia de Vizcarra Álvarez es que confirmó que el propio Castillo es quien estaba detrás de las presiones indebidas. “Llegué a pensar que el presidente no sabía de esta situación, entonces le manifesté [al presidente] la situación y luego de que él me dijera cómo podía hacer para ascenderlos, yo le dije que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos. Me manifestó si se podía hacer algo, le dije que podía darle una vacante por decreto, pero le advertí del impacto negativo iba a ser grande”, contó el militar.
Golpe la institucionalidad
La semana pasada, José Vizcarra fue reemplazado como comandante general del Ejército por Walter Horacio Córdova Alemán, solo tres meses de haber asumido el puesto, sin que se le comunique ni se le explique las motivaciones de esa decisión repentina, que se dio justo después de rechazar las presiones del gobierno.
“Si bien es cierto que el señor presidente de la República puede elegir al comandante general, eso ya lo hizo hace tres y me escogió a mi, entonces si ahora desea relevarme debería haber algún motivo que lo justifique o alguna falta grave (…) De lo contrario, estaríamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje o a su conveniencia al comandante general de una institución cuya estructura responde a normas establecidas”, subrayó José Vizcarra.
Presiones también en la FAP
Poco después, Jorge Luis Chaparro, excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), reveló que el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y el ministro de Defensa, Walter Ayala, también le pidieron que ascienda a un general y dos coroneles.
Chaparro Pinto se negó a aceptar las presiones del gobierno, tras la cual fue pasado al retiro, tras 40 años de servicios en la FAP. El mismo modus operandi que en el Ejército. Los protagonistas de estas acciones indebidas además fueron los mismos: Pacheco y Ayala, dos funcionarios cercanos a Pedro Castillo.
El exoficial de la FAP dijo que lo que ha sucedido es un “atropello a una institución armada y a mi persona”. “Los procesos más importantes en los últimos meses fueron los ascensos, que se dieron cumpliendo las normas, la meritocracia y procedimientos y no se permitió la intromisión de agentes externos a la institución”, remarcó.
“Es el error más grave de Castillo”
El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), excomandante general del Ejército, alertó que el presidente “está acumulando” una serie de errores “que encajan con” faltas “morales” y que lo que acaba de hacer en el Ejército es el “mayor error político” que ha cometido en sus tres meses de caótica gestión.
“Hay dos tipos de responsabilidad en este caso, la política que la debe asumir el ministro de Defensa y la moral, que es del presidente. Ayala, en estos momentos, debería estar presentando su carta de renuncia, se va a pedir su interpelación y después lo vamos a censurar”, apuntó Chiabra.
“El presidente debe saber que está en un sistema democrático, él no es un rey. ¿Cuál es la causa grave que lo llevó a cesar al comandante general del Ejército que solo tenía tres meses en el cargo? Y si lo hace, el ministro Ayala debió llamarlo y comunicarle la decisión, no es posible que se entere por El Peruano. Esto ha sido una arbitrariedad y un abuso de poder”.
Roberto Chiabra, congresista de APP
Interpelación o censura
En efecto, la oposición en el Congreso ya alista una interpelación contra el ministro Ayala y su eventual censura si el presidente Castillo no lo cambia. “El ministro de Defensa es el responsable de lo que sucede en su sector, y como tal va a ser interpelado y posteriormente censurado”, confirmó el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).
Ayala mintió además, porque el domingo último dijo que “desconocía” las razones por las que fue pasado al retiro José Vizcarra, pero negó que el cambio en la comandancia general del Ejército responda a una “represalia” por parte del presidente Castillo. Ahora esta versión quedó sin piso.
Este mismo lunes, incluso, había sido señalado que José Vizcarra fue quien ejerció presiones para que se den determinados ascensos en las Fuerzas Armadas sin tomar en cuenta los procesos regulares. Esto motivo a que el militar aludido salga públicamente a desmentirlo y a contar cómo fue como el mismo presidente Castillo y Ayala lo presionaron para ascensos irregulares.
Fuerza Popular adelantó que respaldará la interpelación del ministro de Defensa. “El señor Ayala ha tenido cuestionamientos anteriores, esto configura una situación por la que él debería dar un pasado al costado. O, la primera ministra Vásquez podría pedirle su salida, por este maltrato a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas”, dijo el vocero naranja, Hernando Guerra García.
Consecuencias penales
Con lo que se sabe hasta el momento, la Fiscalía de la Nación podría abrir una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias, que podría incluir tanto al presidente Pedro Castillo como al ministro de Walter Ayala.
“Si la presión está sobre este funcionario para que realice un determinado acto de su cargo y él se ha negado, por algo le han dado de baja. Habría un presunto tráfico de influencias, podría haber un abuso de autoridad. Habría ilícitos penales, sin perjuicio de una infracción constitucional”, dijo el abogado Luciano López.
En cuanto a las infracciones constitucionales en este caso, solo alcanzarían al ministro Ayala, pero no contra el presidente Castillo. “El único que tiene un ‘blindaje’, por decirlo de una manera, porque la Constitución prohíbe que pueda ser acusado durante el ejercicio de su mandato, es el presidente de la República”, agregó López.