El presidente Pedro Castillo observó este jueves la autógrafa de ley, aprobada por el Congreso, sobre procedimientos para nombrar ministros y viceministros indóneos y sin prontuario, una señal más de que al mandatario no le interesa colocar en cargos claves a funcionarios capaces, probos y con experiencia que garanticen una gestión eficiente del gobierno, en beneficio del ciudadano.
El texto de norma fue devuelto al Legislativo, que deberá evaluar si acepta las sugerencias o la promulga por insistencia. ¿Qué alega Castillo para negarse a promulgarla? Que la autógrafa de ley “vulnera el principio de separación depoderes” y “desborda los parámetros de constitucionalidad”.
Según el gobierno, la medida también se contrapone a la potestad del mandatario de “dirigir y aprobar la política general del Gobierno” y “restringe el derecho a la presunción de inocencia”.
Castillo también cuestiona que se plantee incorporar a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que el presidente del Consejo de Ministros es responsable de verificar el contenido de la declaración jurada e informar al Congreso en un plazo no mayor de cinco días.
Las medida rechazafapor el Ejecutivo exige que los aspirantes a ser ministros presenten una declaración jurada de que cumplen los requisitos e incluir el estado de investigaciones fiscales y procesos judiciales que los involucran. En el caso de los viceministros, se agrega que no pueden ser designados aquellos con una acusación fiscal o juicio por terrorismo o tráfico ilícito de drogas.
El autor de la iniciativa legislativa observada, el congresista Diego Bazán, dijo que el Congreso buscará promulgar por insistencia la ley. “Cuando presenté este proyecto tenía la firme convicción de que los mejores profesionales, técnicos capacitados, deberían asumir los ministerios. Personas que no estén vinculadas o procesadas por narcotráfico, lavado de activos o corrupción”, dijo en RPP.
El legislador de Avanza País agregó que con su decisión de rechazar la autógrafa, Castillo demuestra que quiere “seguir gobernando con los ‘amigotes’, con la gente de su entorno, gente que no está preparada ni capacitada”.
Todos los peruanos queremos políticos y funcionarios de calidad, no como muchos de los que insiste en nombrar Castillo en su gobierno, como el actual ministro de Salud, Hernán Condori, un médico charlatán e investigado por corrupción; o Juan Silva, que dejó el MTC para que no sea censurado por el Congreso, pero estuvo en el cargo siete meses, tiempo en el que se coludió con mafias que tomaron el sector, se repartieron cargos claves y se usó el ministerio como ‘agencia del empleos’ del partido de gobierno.
Se le viene un problema al gobierno
Hace dos semanas entró en vigencia la Ley 31419, a la que el presidente Castillo también se opuso en su momento y el Congreso promulgó por insistencia. Esta norma exige requisitos mínimos de idoneidad para viceministros, secretarios generales de ministerios y otros altos cargo del Ejecutivo, incluido el personal de confianza, y le dio al gobierno 30 días para adecuarse a la misma.
En siete meses de gestión, han sido nombrados y removidos hasta 24 secretarios generales y 18 viceministros, por denuncias graves o falta de perfil idóneo en la mayoría de casos. De los 55 altos funcionarios que actualmente ocupan estos puestos, al menos 12 no tienen la experiencia en el sector público o privado que justifique sus designaciones. En total, el gobierno acumula más de 60 nombramientos indebidos.