“Esta prensa es un chiste”, dijo el presidente Pedro Castillo cuando periodistas le preguntaron por el cambio de versión que le dio a la fiscalía en el interrogatorio como testigo sobre por los casos Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA).
Pero además del reiterado talante autoritario que evidencia su actitud ante los medios, las contradicciones y mentiras de Castillo ante la fiscalía pueden traer otras consecuencias legales, porque esa conducta procesal afecta su credibilidad y es pasible de ser investigada como falsa declaración o falsedad genérica, que se suman a la larga lista de delitos por los que tendrá que responder cuando deje Palacio.
Panorama reveló el fin de semana que, a inicios de febrero, en el interrogatorio fiscal que respondió por escrito por el caso Provías, Castillo negó haberse reunido el 18 de octubre pasado con la lobista Karelim López en Palacio de Gobierno, pero días antes, había dado otra versión a la CNN: que sí la había recibido.
El mandatario también se contradijo en sus respuestas a la fiscalía sobre su relación con Vidalina Sánchez Saldaña, madre del dueño de la casa de Breña donde sostuvo reuniones clandestinas y que le sirvió de búnker durante la campaña.
Cuarto Poder difundió también parte de sus respuestas a la fiscalía por el caso de los ascensos en las FFAA, en las que Castillo negó una reunión con el excomandante general del Ejército José Vizcarra y el exministro de Defensa Walter Ayala, pero ese encuentro fue oficialmente registrado.
El jefe de Estado también quiso desmarcarse de las designaciones de Ayala en el gabinete y de Bruno Pacheco en la secretaría general de la Presidencia, pese a que ambos ya habían señalado ante el mismo Congreso que llegaron a esos cargos por decisión de Castillo.
Consecuencias legales
El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia dijo en El Comercio que la conducta del presidente ante la fiscalía merece ser investigada como el presunto delito de falsa declaración u obstrucción a la justicia.
“Esto sí puede ser entendido como un elemento que permita establecer este ánimo de entorpecimiento de la actividad probatoria”, apuntó, al señalar que si el Ministerio Público determina que Castillo mintió puede interponer una acusación constitucional por delito de falso testimonio.
La falsedad genérica implica el dar datos falsos o inventar información que no se condice con la realidad, como aparentemente hizo Castillo en el interrogatorio fiscal, explicó el penalista Andy Carrión. “El fraude procesal implicaría, de alguna manera, tratar de probar un hecho con una documentación falsa y que genere algún tipo de consecuencia jurídica”, agregó.