Tenemos seis meses de gestión de Pedro Castillo y el gobierno ha ido de tumbo en tumbo, y sin rumbo. Cuatro gabinetes ministeriales y contando; 65 designaciones cuestionadas o indebidas; seis crisis políticas en promedio al mes, todas exclusivamente por malas decisiones del presidente; obras e inversiones frenadas por la incertidumbre; un proceso de vacunación contra la COVID-19 en riesgo y una burocracia estatal paralizada que ha convertido en un vía crucis para sus ciudadanos los trámites para obtener DNI, brevetes y pasaportes.
Que el presidente haya admitido que no sabe qué hacer o que sus acciones digan que se resiste a aprender, no debería sorprendernos (que algunos se hagan los sorprendidos es otra cosa). Todo lo que está pasando ahora era previsible desde la campaña. El problema es que, sabiéndolo, pusimos a Pedro Castillo en Palacio. Por ello, los electores somos también responsables del gobierno desastroso, irresponsable, improvisado y sombrío que tenemos.
El impacto de elegir a un presidente que no tiene las calificaciones mínimas necesarias para gobernar también es inmenso en la economía, porque afecta el crecimiento y, con ello, nuestras posibilidades de desarrollo. En un reciente artículo publicado en el Foco Económico, los economistas peruanos, Roberto Chang y César Martinelli, abordan este problema, en base a otros estudios que hay sobre el tema y la evidencia empírica.
Chang y Martinelli mencionan un trabajo que realizaron Tim Besley, José Montalvo y Marta Reynal-Querol, publicado el 2011, en el que se analiza el nivel de educación al momento de medir la calidad de los políticos, y califican esos resultados como “impresionantes”.
“Tener que reemplazar a un jefe de estado con educación superior (universitaria o de posgrado) causa una caída de 0.7-0.9 puntos porcentuales de crecimiento económico anual en los cinco años siguientes. En contraste, el reemplazo de un líder sin educación superior lleva a un aumento del crecimiento anual en 0.9 puntos porcentuales en el siguiente quinquenio”, apuntan los economistas peruanos.
Si hacemos ese cálculo en el caso del Perú, el 1% de nuestro PBI equivale a US$2,400 millones. Si son entre 0.7 y 0.9 (menos de 1%), serían unos US$2,000 millones menos que dejaríamos de producir cada año. O sea, en el quinquenio de Castillo podríamos dejar de crecer unos US$10,000 millones.
Ahora, es cierto que el indicador de educación en el caso del Perú puede ser relativo, no solo por el bajo nivel de muchas universidades en nuestro país, sino también porque hemos visto varios pillos de saco y corbata con máster y posgrado en buenas universidades del extranjero; pero no deja de ser relevante la formación académica en la medida que aporta los conocimientos necesarios para desarrollar habilidades en el ámbito laboral.
Pero volviendo a los problemas que enfrenta el país, el Informe de Riesgos Globales 2022, elaborado por el World Economic Forum (WEF), señala precisamente que, en el caso del Perú, este año lo que más preocupa es el “colapso de Estado”, debido a las sucesivas crisis políticas que ha sufrido el país, que vienen desde el 2016, pero que con Pedro Castillo se han agudizado.
El otro riesgo de la incertidumbre política que menciona el estudio del WEF, en el caso de Perú, es un “prolongado estancamiento económico”; es decir, que nuestra producción de bienes y servicios sea nula o muy pequeña por mucho tiempo. Esto en un contexto en el que la pandemia aún no acaba, y persiste una crisis de empleo y medios de subsistencia que han frenado la reactivación económica.
Las elecciones regionales y municipales de noviembre próximo pueden ser una oportunidad para empezar a elegir mejor y evitar los altos costos políticos y económicos que implica darle poder a oportunistas, pero para ello es también necesario encontrar formas de inducir la participación política de candidatos con mayor preparación. Ese ese el reto que, como país, tenemos en adelante.