El gobierno de Pedro Castillo insiste en designar a funcionarios con antecedentes en altos cargos del Ejecutivo, con lo que reafirma el desprecio que tiene por la institucionalidad y los peruanos en general. Esta vez, se trata de dos personas involucrados en casos de acoso sexual y secuestro.
El primero es Jesús Percy Alvarado Vadillo, el nuevo secretario general del Ministerio de Cultura. Su designación se oficializó esta semana a través de la Resolución Ministerial N° 037-2022-DM/MC que lleva la firma del ministro de Cultura, Alejandro Salas, que también es cuestionado porque no cumple el perfil ni la experiencia para el cargo, además de haber tenido expresiones públicas racistas y xenófobas.
En 2009, dos mujeres lo denunciaron por acoso sexual, cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Por ello, se le abrió investigación por “incurrir en la presunta comisión de falta disciplinaria de incumplimiento de normas y actos de hostigamiento sexual”.
Alvarado Vadillo era por entonces director de la secretaría permanente de los Consejos Consultivos y de Coordinación de Indeci. Según la resolución que difundió El Comercio, los hechos ocurrieron en un restaurante donde la denunciante acusó al hoy general del Ministerio de Cultura del “tocamiento de su pierna”. En julio de 2008 ya lo había denunciado por maltrato física y psicológico, porque le gritó frente a otros trabajadores y amenazó con rescindir su contrato.
La segunda denunciante declaró que, en agosto del 2005, Alvarado Vadillo, “se atrevió a meter su dedo a mi ombligo”. Los hechos ocurrieron en el cuarto piso de la sede del Indeci, cuando la trabajadora ordenaba unos útiles de oficina. “Por no indisponerlo, oculté mi cólera e indignación”, narró.
El hoy funcionario del gobierno de Pedro Castillo en sus descargos alegó que “sus actitudes de afecto y amistad para cualquier persona, hombre o mujer, nunca tuvieron una connotación sexual”.
Indeci declaró infundadas las denuncias de las dos trabajadoras por hostigamiento sexual, al señalar que la sola declaración de las víctimas no era suficiente prueba para acreditarlas, por lo que solo impuso una “amonestación” a Jesús Alvarado por incumplimiento a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.
Pero no es la única mancha en su trayectoria. El hoy funcionario del Ministerio de Cultura fue denunciado en septiembre del 2020, en su calidad de gerente general del Gobierno Regional del Callao, por presunta omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, porque se habría negado a cumplir un mandato judicial para reincorporar a un trabajador. La investigación no prosperó.
Investigado por secuestro
El otro caso involucra a Cristian Quispe Montañez, militante de Perú Libre, quien ha sido designado subsecretario de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM por Aníbal Torres. Su nombramiento fue oficializado través de la Resolución Ministerial N° 049-2022-PCM.
Entre 2007 y 2008, la fiscalía lo investigó por secuestro, daño, abuso de autoridad, coacción y disturbios, según Panorama. Como presidente de FUC de la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco, Quispe Montañez también fue denunciado por pedir dinero, pero todos los cargos fueron desestimados por el Ministerio Público.
El ahora funcionario de la PCM, que también fue implicado en un caso de sobornos a autoridades de Apurímac, postuló al Congreso en 2020 con Perú Libre, pero no salió electo. Desde julio de 2021, se convirtió en un asiduo visitante del despacho de Guido Bellido, mientras este ocupó la PCM.
En la gestión de Bellido como premier, Quispe fue designado como subsecretario de Gestión de Conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, pero poco después de que Mirtha Vásquez asume la jefatura del gabinete, fue cesado de sus funciones. Ahora volvió de la mano de Aníbal Torres.