En medio de varios escándalos de corrupción, el presidente Pedro Castillo parece haber encontrado una manera de blindarse: dando un bono a quienes lo investigan. El último jueves, mediante un decreto supremo, se oficializó la entrega de S/2.400 mensuales para los fiscales anticorrupción.
El decreto también lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.
Para el ex procurador ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos, Antonio Maldonado, la medida genera “una enorme sospecha”. Cuestionó que se haya aprobado cuando existe una serie de investigaciones por corrupción en contra de integrantes del partido Perú Libre, en Lima y Junín.
“Puede prestarse a situaciones en las cuales los fiscales pierdan su imparcialidad. […] Es de alguna manera condicionar la conducta de los fiscales: que se porten bien con el Gobierno si quieren seguir recibiendo su bono”,
dijo Antonio Maldonado a El Comercio.
El letrado Luis Vargas Valdivia es otro exprocurador anticorrupción que cuestionó la decisión del presidente Pedro Castillo. Dijo que la entrega del bono es una medida “indebida, absurda y populista”; por lo tanto, no debe entenderse como parte de una política real de lucha contra la corrupción.
Luis Vargas Valdivia consideró que este bono generará “un interés perverso” de los fiscales, que buscarán formar parte de las fiscalías anticorrupción. Sostuvo que esto solo causará problemas en el Ministerio Público. Además, aseveró que la norma «discrimina a fiscales de otras áreas especializadas», como lavado de activos, crimen organizado y trata.
¿Cuáles son las condiciones para recibir este bono?
Según el decreto, el bono “no tiene naturaleza remunerativa, ni carácter pensionable, no constituye base de cálculo para beneficio alguno”. Añade que es una entrega económica que se percibe por el periodo en que los fiscales anticorrupción ejerzan dichas funciones especiales.
Se financiará con el presupuesto institucional del Ministerio Público, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Y, para recibirlo, los fiscales deben contar con vínculo laboral vigente; y estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.