En medio de una campaña polarizada, un país fragmentado y un conteo ajustado de votos, tras la segunda vuelta electoral del último domingo, mucho revuelo y cuestionamientos ha generado entre los críticos de Keiko Fujimori que su partido, Fuerza Popular, haya pedido anular la votación en 802 mesas de sufragio, sobre todo en el centro y sur del país, lo que implica unos 200 mil votos que en su mayoría favorecen a Pedro Castillo.
“Mala perdedora”, “nos va a llevar al caos y a la inestabilidad otra vez” o “es un abuso de procesos legales”, son algunas críticas que se han escuchado o leído en redes sociales, pero lo cierto es que los pedidos de nulidad son un mecanismo que la ley electoral contempla y toda persona tiene derecho a ejercer su defensa, más aún en una elección tan reñida y en la que se han detectado y documentado graves irregularidades, como la presunta falsificación firmas de miembros de mesa, la supuesta adulteración de resultados en actas electorales o personas de una misma familia como miembros de mesa, que explicó en la víspera el excongresista fujimorista Miguel Torres.
«Si hay indicios concretos de fraude -por ejemplo, quizá han ubicado a personas que han votado en mesas donde Keiko Fujimori no sacó votos que indican haber votado por ella- vale la pena revisar esa evidencia», sostiene el abogado Ronald Cross.
Lo mismo ha hecho Perú Libre, que ha pedido la nulidad de 128 actas en Loreto, con argumentos que van desde «no se consignó hora de inicio de escrutinio» hasta «borrón en la hora de inicio», entre otras, que deberán ser revisadas en principio por el JEE de Maynas, informó Latina.
A eso se suma que el 80 % de las más de 1,200 actas observadas por personal de la ONPE eran distritos en donde Keiko Fujimori obtuvo 50% o más de los votos, la mayoría con argumentos absurdos, como muestra la evidencia material que están revisando los JEE. Ese fue el caso de lo que se vio el miércoles último en la audiencia pública del JEE de Lima Centro 2, que ya resolvió 20 expedientes con 41 votos impugnados, 34 de ellos a favor de Fuerza Popular.
El JNE reportó que se han convocado unas 150 audiencias en todo el país para resolver estos caso, pero no todas se transmitirán a través de la plataforma zoom, porque ello depende de la capacidad operativa de cada oficina. Lo que sí es evidente que urge mayor capacitación y mejor criterio en miembros de mesa, personal de la ONPE y personeros. Impugnar por impugnar donde se prevé perder le quita tiempo a la justicia electoral.
¿Prosperarán los recursos de nulidad?
Esa es otra historia y será motivo de un debate jurídico en los JEE primero y en el JNE en caso de apelación. Pero veamos qué dice el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones que establece las cuatro causas puntuales para anular un acta de votación.
Así, de los casos denunciados por Fuerza Popular se podría aplicar solo el inciso “b” de la norma, ya que para el resto de causales, los pedidos de nulidad se debieron realizar el mismo día de la elección (domingo 6) y constar en el acta electoral. Lo mismo se podría decir de los casos de Perú Libre. «Deberían presentar algunas pruebas muchas más fuertes (de las que han señalado hasta ahora)», considera Cristhian Jaramillo, experto en temas electorales.
«Si el sustento de nulidad es un hecho pasible de ser conocido por la mesa, entonces ese pedido es extemporáneo», señala por su lado el abogado José Naupari.
Lo que sí es cierto es que la proclamación oficial de resultados de la segunda vuelta demorará más de lo previsto, quizá hasta fin de mes, debido al gran volumen de actas cuestionadas por resolver, tanto por Fuerza Popular y Perú Libre, estimó el abogado experto en temas electorales José Tello. Así que solo queda esperar con tranquilidad, que los candidatos no se asuman ganadores antes de tiempo y que llamen a sus seguidores a la calma, porque ya se han visto hechos -aún aislados- de violencia.