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Paro agrario: ¿Cómo logramos una agricultura más inclusiva?

Publicado: 03/12/2020
6 minutos

En medio de las protestas y voces que piden destruir lo avanzado, es importante entender qué generó esta situación y por qué el pequeño agricultor no ve los beneficios de la agroexportación.

El paro agrario en Ica continúa, luego de que el lunes la violencia y el vandalismo se apoderaron de la protesta. Este jueves, continuaba el bloqueo de la Panamericana Sur por parte de trabajadores agrícolas que denuncian abusos laborales y ahora exigen que se anule la ley agraria. Una comitiva del gobierno llegó a la zona y anunció medidas en busca arreglar la situación, sin éxito aparente hasta ahora.  

Pero, ¿cómo se llegó a esta situación?  La ley de promoción agraria está vigente desde hace 20 años y fue el motor que impulsó la agroexpertación en la costa, sobre todo, atrajo muchas empresas e inversiones, nacionales y extranjeras, gracias a los incentivos tributarios, por lo que su vigencia se amplió hasta el 2031, con algunas mejoras (ver cuadro), pero los pequeños agricultores se quedaron por fuera de esta cadena productiva y de sus beneficios.

La responsabilidad principal de que esto fuera así es del Estado, que no ha sabido explicar ni capacitar a los trabajadores del campo para que también se puedan beneficiar del ‘boom’ agroexportador, aunque los empresarios tampoco es que se hayan preocupado mucho para cambiar la situación, que ahora estalló en Ica y puede tener un efecto dominó en otras regiones. Ya en La Libertad hay protestas de trabajadores del sector agroindustrial que han dejado un muerto.

¿Cómo es la nuez?

En el sur de Lima, y en Ica en particular, donde hay cifras de pleno empleo, el problema pasa, en gran medida, por las llamadas ‘services’ (empresas de intermediación laboral) que se aprovechan de los altos niveles de informalidad que aún hay en el sector y de la falta de fiscalización de la autoridad, para cometer abusos contra los trabajadores.

Ese es el caso de muchas empresas productoras de cebolla de Ica que son informales y usan las ‘services’ para contratar trabajadores, a los que no les pagan los beneficios que la ley de promoción agraria exige. Porque sí, esta norma -que los políticos en campaña electoral ahora piden eliminar– incluye el pago de horas extras, CTS, gratificaciones, seguro de salud, vacaciones, etc. Los mismos beneficios que el régimen general del trabajo (ver cuadro).

Hay además un problema cultural, de educación o información, con el que lucran la informalidad y ciertos empresarios. Un agricultor promedio en la región no siempre entiende cómo funcionan los beneficios sociales de la ley agraria, porque nadie se tomó el trabajo de explicárselo bien. Por ejemplo, si una empresa formal que cumple la norma, contrata a un trabajador para una labor específica, y le dice ‘mira, te voy a pagar S/ 60 la jornada’ y al final este recibe S/ 40 en efectivo, porque el resto se va al pago de los beneficios sociales, se va a sentir engañado.

Ahí entran algunas ‘services’, que le dicen a ese mismo trabajador, ‘oye, te voy a pagar S/ 50 por la misma labor’ y el agricultor acepta, porque cree que está ganando más, pero no recibe ningún beneficio social (seguro, horas extras, CTS o gratificación). Y a veces lo prefiere así, porque lo que él necesita es el dinero contante y sonante. Vive del día a día. A un trabajador informal no es que se le recorten beneficios sociales, no tiene ninguno.

La mayoría de agroexportadoras grandes, para poder vender sus productos en el extranjero, deben tener relaciones laborables sostenibles y que su personal esté en planilla, con los beneficios de ley.

Pero también muchas otras empresas utilizan la intermediación laboral para trabajos concretos o por temporadas, porque la agricultura es una actividad estacional que tiene épocas de mayor demanda que otras. El jornal básico también suele variar por ello. Un trabajador formal puede llegar a ganar entre S/ 160 y S/ 190 el día en temporada de cosecha, pero no todo el año.

¿Hay responsabilidad del sector privado?

Sí, porque sabían que esta situación se da hace tiempo y no hicieron nada o muy poco para cambiarla. El Estado es el que debe fiscalizar, pero el silencio o mirar a otro lado no ayuda, porque era una bomba de tiempo que en cualquier momento estallaba. Y la temporada electoral es el terreno más fértil para ello.

¿Que el jornal básico se puede mejorar? También, porque es una con otra: así como la inversión recibe beneficios tributarios se podrían acordar mejores salarios, de acuerdo a la productividad. Un ‘win-win’ es lo mejor que le puede pasar al agro.

¿Qué hacer entonces ahora?

Se puede empezar a corregir lo que se hizo mal. “Hay algo que no hemos hecho bien”, nos dice Tony Salas, experto en temas agrarios que ha trabajado en casi 500 proyectos del sector en los últimos 25 años, en el Perú y el extranjero. Sabe que el camino pasa por hacer más inclusiva la agroexportación.

Pero sabe también que la solución no es tumbarse lo que ha funcionado bien. Menos aún una ‘segunda reforma agraria’. Tampoco se trata de eliminar las ‘services’ o anular el capítulo laboral del régimen agrario, como plantea el gobierno para calmar la protesta, porque este responde a las necesidades y características especiales que tiene la agricultura.

Salas plantea un modelo de impacto para que la agroexportación genere desarrollo más allá del “pleno empleo”. El problema de la pobreza y los bajos niveles de competitividad en el campo se generan por la falta de acceso a dinero, formación y tecnología del pequeño agricultor. El Estado no ha podido cerrar esa brecha y es un tema en el que el sector privado podría ayudar. ¿Cómo funcionaría?

  • Una empresa agroexportadora articularía a un grupo de pequeños productores de su zona, para fortalecer las prácticas agronómicas en las parcelas o para reconvertir sus cultivos actuales en productos de mayor valor.
  • El financiamiento, la transferencia tecnológica y la capacitación se hará desde la empresa.
  • El Fondo Crecer, que opera el Estado a través Cofide, se pondría a disposición de los agroexportadores que puedan implementar este modelo en sus empresas.

Otra opción puede ser que el Estado, a la par de capacitar y transferir tecnología al pequeño agricultor, promueva asociaciones formales entre productores de una zona para que estos le presten sus servicios a los agroexportadores directamente, sin necesidad de la intervención de las ‘services’.

Por ello, es importante que ahora que estamos en campaña, políticos y candidatos expliquen qué ideas y planes viables tienen para la agricultura que no sean destruir lo avanzado. Que no te floreen.

Comunicador social y periodista, con especialización en nuevos medios, gestión de contenidos y desarrollo tecnológico. Me gusta el café, la cerveza y la libertad de poder elegir y emprender.