El Congreso de la República derogó la regulación para la negociación colectiva en el sector público, que estaba contemplada en el Decreto de Urgencia (DU) 014-2020 aprobado por el expresidente Martín Vizcarra en enero de este año. Este DU fue derogado por 114 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. ¿Por qué esta norma era importante?
Este decreto ponía un límite máximo a las alzas de salarios que podían exigir los trabajadores públicos de manera que estas no afecten de golpe el presupuesto nacional. Los acuerdos de negociación colectiva debían pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que filtraría que este límite se cumpla. Este DU también acotaba la cantidad de casos que puede plantearse a través de arbitraje.
El MEF limitaba la aprobación de estos acuerdos colectivos para casos donde: 1) los ingresos fiscales cayeran 2 puntos sobre el PBI, 2) en caso se realizaran excepciones por estabilidad marcofiscal, según el DL 1276, y 3) en caso de desastres naturales, sanitarios o de otro tipo. Es decir, aplica para la actual crisis económica, sanitaria y fiscal que padece el país.
¿Cuál es el riesgo de que el Congreso elimine esa norma? A octubre, los ingresos fiscales han caído en 20% y hemos deteriorado seriamente nuestro equilibrio presupuestal. Sin este DU los trabajadores podrán exigir alzas de salarios que, sin tomar en cuenta su productividad, desestabilicen más el erario público, limitando la necesidad de pagar la deuda pública que ya superó su límite de 30%.
El presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Juan Martínez, dijo en El Comercio que esta regulación creó un marco estándar para estas negociaciones, que antes no existía. Señaló además que el DU no busca impedir el derecho a negociar colectivamente, sino que pretende incluir límites a esta para que las entidades públicas mejoren.
A pesar que se presentaron demandas que pretendían declarar la inconstitucionalidad del DU ante el Tribunal Constitucional (TC), el Congreso no esperó a que esta controversia se resuelva y derogó la norma. De todos modos el TC aún puede pronunciarse y esperamos que pueda hacerlo cuanto antes.
La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) criticó esta decisión del Congreso, al señalar que generaría la quiebra de varios municipios, y pidió al Ejecutivo que observe la derogatoria. “Esta decisión lleva al desequilibrio económico de los gobiernos locales con una reducción del presupuesto de S/ 1.300 millones a nivel nacional”, alertó Álvaro Paz de la Barra, presidente de la AMPE.