El presidente Pedro Castillo se supera cada vez más en sus cuestionados nombramientos ministeriales, que es uno de los motivos por los que enfrenta un segundo pedido de destitución en menos de ocho meses. Ahora resulta que el congresista de Perú Libre Óscar Zea, un hombre cercano al mandatario y del ala magisterial de la bancada de gobierno, designado además ministro de Agricultura, enfrentó dos acusaciones por asesinato, en 1999 y en 2006.
En el primer caso, Zea Choquechambi incluso estuvo preso en el penal de Juliaca (Puno) por el homicidio de Paulino Zeballos Huacasi, según documentos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pero luego fue absuelto, reveló Panorama.
El otro caso fue en 2005, cuando el hoy ministro de Agricultura fue acusado por el asesinato de Edwin Parisuaña Quispe, cuyo cuerpo fue hallado cerca a los rieles de un tren en Puno con rastros de haber sido golpeado a pedradas.
Según las investigaciones, Parisuaña estuvo tomando licor en un bar en Puno con Zea y otras personas. Parisuaña le debía dinero a Zea, según dijo uno de los presentes, y en ese momento le reclamó que le pague. Al día siguiente, Parisuaña aparece muerto y con signos de violencia en su cuerpo.
En las diligencias de la época, la Policía halló rastros de sangre en la ropa del titular del Midagri. Zea dijo que la sangre era suya, porque se había caído de una moto. Entonces, las autoridades ordenaron un examen de ADN, pero este nunca se realizó, y el hoy ministro fue absuelto en 2010 por falta de pruebas.
En su defensa, el titular del Midagri aseguró este domingo que este caso “tiene calidad de cosa juzgada por las instancias judiciales competentes” y mostró en su cuenta de Twitter documentos en los que se señala que no tiene antecedentes penales.
Y acá lo que llama la atención es ¿cómo alguien que enfrentó dos procesos por homicidio, que estuvo preso y que fue declarado reo contumaz, no figura con antecedentes en los sistemas de la policía y ni del Poder Judicial? En más de una vez hemos visto casos en los que, por delitos menores y con fallos absolutorios, los antecedentes quedan en el historial de una persona.
Peor aún, ¿no es acaso suficiente haber enfrentado dos acusaciones por asesinato para que una persona no ocupe nunca un alto puesto en el Estado o postule a un cargo de elección popular?
Hermano con privilegio
Por si fuera poco, Panorama también reveló una empresa vinculada al hermano del ministro José Gavidia contrató con el Estado. En su declaración jurada, el titular de Defensa tampoco consignó que su hermano, Francisco Gavidia Arrascue, es miembro del directorio de una empresa proveedora del Estado, y en la que es accionista minoritario según la Sunat.
Se trata de la empresa Soluciones Precisas de Sistemas, que ganó contratos con la Contraloría General de la República, por un monto de S/ 518.400; y con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por un monto de S/ 90.000. Ambos contratos fueron firmados después de la designación de José Luis Gavidia Arrascue en el Ministerio de Defensa, según el dominical.
Los chats de Luciana León
El programa Punto Final reveló este domingo una serie de conversaciones por WhatsApp de la excongresista Luciana León que evidencian favores y presiones a exfuncionarios, y que además refuerzan la acusación de la Fiscalía en su contra por organización criminal y peculado doloso.
«Me acaba de dar sobre con 15 mil soles, ¿misio, no?», le escribe Luciana León y Augusto Narvarte en 2017, poco antes de que ambos se casen, sobre un dinero que ella recibió en un exclusivo restaurante.
Luciana León Romero también le escribió al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para interceder por su madre y evitar que sea despedida de Serpar. «No te preocupes», respondió Muñoz, quien aclaró este domingo a Punto Final que Cecilia Romero dejó de trabajar en esa entidad edil.