Óscar Graham, el ministro de Economía y Finanzas ratificado en el Gabinete Torres, el cuarto desde que Pedro Castillo asumió la presidencia (y creemos que no será el último), tiene un excelente perfil. Ha trabajado muchos años en el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el Ministerio de la Producción, en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), etc. Es decir, tiene experiencia y conoce al monstruo (el Estado) por dentro.
Sin embargo, ¿eso es suficiente? No, lamentablemente, porque pese a que se haya nombrado otro gabinete, la crisis política, generada única y exclusivamente por el presidente Castillo, continúa. Este nuevo equipo ministerial ha pasado a ser considerado de choque, por unos, y de supervivencia por otros, con lo que la incertidumbre vuelve a ser parte de lo cotidiano.
En este escenario, ¿en qué debe centrarse el nuevo ministro de Economía? En que ese gabinete de choque o de supervivencia, trabaje unido. De nada sirve que una parte del Ejecutivo aliente la economía de mercado, la libertad económica, por la cual generamos desarrollo, responsabilidad fiscal, etc., y otra parte desee emprender políticas desfasadas de izquierda o quieran irse a pelear con el Congreso. Sin cohesión ni coherencia, podemos entrar en un punto de no retorno, en el que el Estado colapse y el anhelado desarrollo sea imposible.
Si el ministro Graham logra que exista cierto entendimiento entre los miembros del gabinete, y logre que su agenda sea aprobada, podríamos considerar de exitosa su gestión. Pero, ¿cuál debe ser la agenda del ministro Graham?
Ley de Fonavi debe observarse
En la quincena de enero, el Congreso fue tan irresponsable como el presidente Castillo lo ha sido durante todo su gobierno, al aprobar la Ley N°31173, que garantiza que se cumpla la Ley N°29625, Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo. El Fonavi era el llamado Fondo Nacional de Vivienda creado en 1979. Tenía como finalidad facilitar a los aportantes el acceso a una vivienda.
El fondo se financiaba con aportes obligatorios (como se hace con las AFP) de los trabajadores y de aportes de los empleadores. En los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, los recursos se usaron para financiar gasto público en obras de infraestructura urbana, electrificación y saneamiento. Algunas viviendas, que se sorteaban, fueron entregadas. En resumen, ese dinero en la práctica no existe.
Por tal razón, el Consejo Fiscal (CF) dijo que el proyecto fue aprobado sin las consideraciones de responsabilidad fiscal y no se respeta lo que dice la Constitución, en su artículo N°79, que estipula que los legisladores no tienen iniciativa de gasto. Justamente esta ley fue observada en mayo 2021, en el gobierno del presidente Sagasti. Además ese gobierno interpuso una demanda de inconstitucionalidad (porque va contra ese artículo N°79) ante el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, este aún no se pronuncia.
Y la importancia de que observen esta norma es el costo en que incurriremos. Según el propio MEF, la devolución de recursos del Fonavi asciende a S/ 42,000 millones, lo que equivale al 53% del presupuesto de salud nacional o el 85% del presupuesto de Educación para este 2022. Por ello es necesario que se evalúen otros mecanismos para retribuir a los aportantes (tanto trabajadores como empresas), sin afectar las finanzas públicas.
Otros temas en la agenda
Desde fines de enero, se inició el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Ese proceso implica mostrar nuestras capacidades institucionales y cumplir con los valores de ese grupo, que es además lo que defendemos en piensa.pe: el respeto a las libertades individuales, el Estado de Derecho, libre comercio, etc.
También están los temas de dar impulso al plan nacional de infraestructura. Lanzado en el 2018, son 52 proyectos priorizados que se requieren para cerrar las distintas brechas, en diferentes horizontes de tiempo, que el Perú padece. La gráfica N°1 muestra las cifras, según el tipo de infraestructura requerida, con su respectiva brecha. Esto debe priorizarse para que nuestra economía aumente la productividad y competitividad.
Lo último a darle prioridad es que el fortalecimiento de la meritocracia en el sector público y eso pasa por impulsar el servicio civil en el Estado, Servir. ¿El ministro Graham podrá controlar las intenciones de la ministra Betssy Chávez de querer que Servir pase a formar parte del su despacho, en el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)? Esperemos que sí, de lo contrario el Estado será el botín de cualquier gobierno que sea electo.