Mediante una resolución publicada en El Peruano, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), exceptuó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) del tope de 50 empleados de confianza.
La decisión se basa en el Informe Técnico N.° 000153-2021-SERVIR/GDSRH, emitido por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos del Indecopi, en el que solicita 28 cargos de confianza adicionales al límite señalado por ley.
Lo que llama la atención es que esta medida se da en medio de las críticas al gobierno de Pedro Castillo por su intento de copar del Estado y la repartija de cargos de confianza para personas afines o cercanas a Perú Libre que no tienen el perfil ni la experiencia para los puestos en los que han sido colocados, a lo que se suma que muchos de estos tienen graves acusaciones y antecedentes. En algunos casos dieron marcha atrás ante el escándalo y la presión pública, más que por un ánimo de rectificación o una voluntad real de prevenir la corrupción.
Servir además está con los reflectores encima porque la ‘ayudita’ que le dio a Dina Boluarte, al anular la decisión del Reniec que le negó una licencia de 5 años sin goce de haber que solicitó la vicepresidenta, sin tomar en cuenta que hay normas y leyes que le dan la razón al organismo del sistema electoral, como lo señalamos acá.
A esto se suma la poca transparencia del Estado para acceder a la información pública que afecta la vigilancia del gasto público, como lo han revelado sendos informes y análisis de la Asociación de Contribuyentes, que calculó por ejemplo que los solo los cargos de alta dirección del gobierno les cuestan casi 32 millones de soles al año a los peruanos.
En el caso del Indecopi, según la última información disponible, al 30 de junio 2021, hay 29 funcionarios que se desempeñan en cargos de confianza, lo cual es consistente con el cuadro de asignación de personal que la institución había previsto si se observa el histórico de personal al cierre de cada trimestre.
Los cargos de confianza si bien se designan a ‘dedo’ (sin concurso público de méritos), igual deben cumplir con los requisitos dispuestos para la función de desempeñar, que incluye responsabilidades, formación académica, habilidades y la experiencia necesaria, pero como hemos visto en estos escasos días de gestión perulibrista, esto no se ha cumplido.
Hay que estar vigilantes con lo que sucede en el Estado, que no ha cumplido a cabalidad con implementar políticas contra la corrupción, como las de transparencia y acceso a la información pública. Y por lo visto hasta ahora, en el gobierno de Pedro Castillo no están particularmente comprometidos con estos temas.