Luego de que el expresidente Martin Vizcarra fuese vacado el lunes por el Congreso de la República, el presidente de ese poder del Estado, Manuel Merino de Lama, asumió la presidencia del país en medio de una crisis económica, sanitaria y política.
¿Cuál es el riesgo ahora? Es importante en adelante estar vigilantes a las decisiones del nuevo presidente, respaldado por un Congreso que ha insistido en aprobar medidas populistas desde su conformación. Hoy, el riesgo es que, sin el contrapeso del Ejecutivo, las iniciativas peligrosas que quedaron en el tintero las aprueben sin medir las consecuencias para el país.
El primer punto clave a estar atentos será el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), que ya estaba pendiente antes de la vacancia. Es importante exigir que este proceso se realice con la mayor prudencia y transparencia, de manera que se cuente con profesionales aptos para un cargo tan fundamental como el de hacer cumplir la Constitución Política.
En segundo lugar, en el aspecto económico hay iniciativas muy peligrosas. Sin dudas el «retiro» de la ONP es uno de los más graves, lo que le costaría al tesoro peruano más de S/15 mil millones. También están los proyectos para crear impuestos «solidarios» a la fortunas o a las plataformas digitales, así como para aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Más grave inclusive son las propuestas de reforma constitucional para permitir los controles de precios, crear empresas públicas, eliminar contratos-ley, y similares.
En temas de salud, hay que estar atentos para no permitir que se declare constitucional la Ley 31039 aprobada en el Congreso, la cual permite los ascensos automáticos en el personal del sector salud. De acuerdo al Ejecutivo, esta ley generaría un gasto de S/ 1,154 millones, lo que violaría el artículo 79 de la Constitución (que impide al congreso aprobar iniciativas de gasto).
En cuanto a educación es importante el tema de la reforma universitaria. Por lo menos tres bancadas (Podemos Perú, APP y Acción Popular) son sospechosas de tener intereses en frenar el avance de esta reforma o inclusive revertirla, debido a que algunos de sus líderes son dueños de universidades que no han sido licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Atentos a ello.
También en el tema educativo, está el lamentable PL 2313 que permitiría que la reposición 14,000 docentes en sus cargos. Son subdirectores y directores de colegios estatales que desaprobaron o no asistieron la evaluación de la Carrera Pública Magisterial en 2014. Sería inaceptable premiar a docentes que no están capacitados para cumplir sus funciones educativas.
«Es probable que el Gabinete que surgirá del Gobierno interino no logre frenar las iniciativas del Congreso que podrían afectar la solvencia del Perú, tal como la reforma de pensiones propuesta que perjudicará al sistema de pensiones privado«.
Jaime Reusche, vicepresidente senior de Moody’s Investors Service.
Todas estas medidas golpean los intereses del país y afectan la recuperación económica y el desarrollo. Debemos exigir que las leyes que se aprueben de ahora en adelante cuenten con sustento técnica y con el apoyo del Ejecutivo en su formulación. Los ministerios conocen mejor su sector y pueden retroalimentar el trabajo parlamentario de forma efectiva. Hay que estar atentos, como ciudadanos, para vigilar que esto sea así por el bien de la recuperación económica y la lucha contra la pandemia.
Y como hemos insistido en Piensa.pe: esta crisis política también es nuestra responsabilidad, porque nosotros, como ciudadanos, somos los que votamos por sus protagonistas, pero en abril próximo podemos enmendar el camino y para ello, ahora más que nunca, debemos elegir bien.