El Pleno del Congreso aprobó el último 1 de julio el texto sustitutorio de la propuesta de Ley Nacional de Cáncer, basado en los proyectos de ley N° 5834, 5977, 6827, 7106, 7127 y 7794/2020-CR, que presentaron las bancadas de Frente Amplio, Somos Perú, Partido Morado y Alianza para el Progreso. Ahora está a la espera de que el Ejecutivo la ratifique para que se convierta en ley.
La Asociación de Contribuyentes realizó un análisis de esta norma, cuyo objetivo es garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todos los pacientes oncológicos, con la finalidad de asegurar el acceso al derecho constitucional a la salud en igualdad de condiciones.
¿De qué trata?
Establece que el Estado garantiza el acceso y cobertura oncológica integral, lo que incluye la promoción, prevención, control y atención del cáncer, de manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad de recursos del sector para estos efectos. También señala que las aseguradoras, públicas o privadas, asumen el financiamiento de la cobertura integral, y que en caso un paciente no cuente con seguro o el que tenga sea insuficiente, será afiliado al SIS.
Además dispone que el Minsa debe elaborar un Plan Nacional de Cáncer, en el que se establecerán lineamientos, objetivos, indicadores y estándares mínimos que garanticen una atención integral (promoviendo la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos e investigación).
Lo positivo
Esta medida representa un avance importante orientado a mejorar la atención del cáncer en el país, resaltando su enfoque de prevención y detección temprana, así como la promoción del uso de nuevos tratamientos que mejoren la atención del paciente oncológico en los diferentes estadios de la enfermedad.
Estos son algunos de los aspectos más resaltantes:
• Intangibilidad de los fondos de la partida “prevención y control del cáncer”: esto significa que el Minsa no puede transferir dinero destinado a este propósito a otros fines, o que, en caso no se ejecuten todos los fondos, estos no se devuelvan al tesoro público.
• Posibilidad de utilizar métodos alternativos para la compra de tratamientos: esta es una gran oportunidad para que los pacientes oncológicos puedan acceder a más tratamientos, sobre todo a medicamentos innovadores, ya que se pueden usar esquemas de compra/negociación con los laboratorios (como ‘unidades consumidas-resultado’ , adherencia o pago fijo mensual ), que permitan al Estado adquirir más medicamentos a un menor precio.
• Compra centralizada de tratamientos para la prevención y control del cáncer a través de Cenares, con lo que aprovecharía la capacidad de negociación del Estado y se generarían economías de escala, es decir, al comprar volúmenes más grandes se reducirían los precios, y con ello habría mayor disponibilidad de medicamentos.
• Implementar el Registro Nacional de Pacientes oncológicos: esto permitirá desarrollar una mejor vigilancia de la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo y en las distintas regiones; con esto, se podrían planificar mejor las acciones del Plan Nacional y la expansión de infraestructura, así como mejorar la estimación de la necesidad de tratamientos oncológicos.
Lo que se puede mejorar
Hay algunos aspectos de la propuesta aprobada que, aunque son importantes, no han sido incorporados como actividades o responsabilidades concretas de la autoridad de salud, sino solo como una declaración de interés o necesidad pública.
Por ejemplo, ejecutar acciones de prevención, promoción y control del cáncer de mama y cuello uterino (los más comunes); fortalecer la vacunación contra el VHP en etapa escolar; usar telemedicina en el control del cáncer; o fortalecer tecnológicamente al INS y la Digemid en la evaluación de nuevos tratamientos para el control del cáncer.
Lo negativo
Pese a que la norma es sin duda muy importante para los pacientes con cáncer y nuestro avance como país brindando una mejor detección, atención y tratamiento oncológico, hay algunos aspectos que generan dudas o preocupaciones. La principal es el financiamiento.
Las múltiples actividades que establece la (capacitaciones, ampliar equipamiento e infraestructura, garantizar cobertura, mayor acceso a medicamentos, etc.), tienen un costo, como es evidente, pero toca preguntarse ¿quién lo asume?
Por un lado, al hablarse de una cobertura integral, posiblemente las aseguradoras privadas tendrán que asumir mayores costos para cubrir más procedimientos y tratamientos. Esto hará que esos mayores costos se trasladen a los consumidores a través de primas más costosas, lo que puede repercutir en que menos personas cuenten con seguro privado y que se aumente la carga en el sector público.
De otro lado, en el sector público habrá una mayor carga de la que hoy ya existe, ya que el Estado está asumiendo la cobertura integral de todos los asegurados del SIS, de todos los no asegurados, y de todos los que tengan coberturas insuficientes. Los actuales recursos en la partida “prevención y control del cáncer” son altos (en 2020 fueron de casi 700 millones de soles), y lo que queda sin usarse es relativamente bajo (en 2020 fue de casi 10%); así, los recursos ‘disponibles’ no son suficientes para atender a más pacientes e implementar en su totalidad la ambiciosa propuesta aprobada.
Además, hay que considerar que muchos de los tratamientos oncológicos (de 7 tipos de cánceres más frecuentes) se financian a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), y la actual propuesta no ha evaluado cómo juega este fondo con el esquema de financiamiento y desarrollo de actividades planteadas.
Finalmente, se debe recordar que una ley no puede disponer gasto público, y por eso, la ley propuesta se limita a señalar que las medidas se ejecutarán en función a la disponibilidad de recursos del sector para estos efectos. En ese sentido, no debe sorprender que, en la práctica, no se den cambios reales, mientras no se ajuste la estrategia sectorial para abordar la enfermedad, justamente en la línea de lo propuesto.
La clave estará en seguir haciendo énfasis en la prevención, en una detección oportuna del diagnóstico y en la inversión en mejores tratamientos en estadios tempranos, para reducir la mortalidad por cáncer, expandir la esperanza de vida de la población oncológica, y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.
También será oportuno evaluar la creación de un fondo especial, que genere recursos que den sostenibilidad a las actividades planteadas, más allá del dinero que se asigne en la partida presupuestaria de “prevención y control del cáncer”, cuyos fondos son limitados y siempre dependientes de la voluntad política del gestor de turno.