En las últimas semanas en el Perú se viene discutiendo la firma del acuerdo de Escazú, un acuerdo ambientalista que busca burocratizar el 53% del territorio peruano que corresponde a nuestra Amazonía Peruana. En palabras sencillas, si el Congreso de la República aprueba este acuerdo y luego el Presidente lo ratifica, estaríamos poniendo en jaque el desarrollo y prosperidad de nuestro país.
En líneas generales el Acuerdo busca promover tres objetivos relevantes: el acceso a la información, el acceso a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, cuando se revisa detenidamente cada uno de los artículos se comprueba que lo indicado ya se encuentra normado y reglamentado en la ley peruana, incluso en nuestra propia constitución, decretos supremos y reglamentos sectoriales.
En consecuencia, el Acuerdo de Escazú estaría promoviendo una burocratización de los temas ambientales y específicamente del acceso a la información. Es decir, estaría generando incentivos perversos para el desarrollo de inversiones e implementación de proyectos en nuestra Amazonía, incluso en todo el Perú. Los emprendimientos e iniciativas de inversión en energía, agricultura, infraestructura, ecoturismos, desarrollo forestal entre otras, estarían expuestos a una burocratización ambiental que postergaría una vez más la prosperidad de nuestras comunidades indígenas y de la Amazonía peruana.
Un ejemplo de lo perjudicial que puede ser el acuerdo de Escazú se verifica en el artículo 9° del mismo, que promueve la figura de los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, indicando que estos defensores son personas, grupos y organizaciones que podrán actuar sin amenazas, restricciones e inseguridades. Es decir, el acuerdo estaría abriendo la puerta a que agentes políticos o grupos radicales anti inversión se cuelguen de la etiqueta de “defensores ambientales” para promover la paralización de proyectos de inversión. En palabras sencillas, el Acuerdo de Escazú promovería más conflictos socioambientales, no menos.
Esperemos que el Congreso de la República y el presidente se concentren en impulsar acciones más puntuales, como por ejemplo: definir los derechos de propiedad de las comunidades amazónicas para que estas puedan poner en valor sus territorios, impulsar las concesiones de conservación, concesiones foréstales, impulsar el ecoturismo, impulsar proyectos sostenibles de infraestructura, impulsar proyectos petroleros y de gas ambientalmente sostenibles. En resumen, hacer de nuestra Amazonía un territorio próspero, donde el respeto al medio ambiente y el desarrollo económico convivan de manera armoniosa bajo un enfoque ambiental que vaya desde abajo hacia arriba.
Por estas razones… ¡No necesitamos el Acuerdo de Escazú! No debemos caer en acuerdos políticos que lo único que generarán es un conflicto entre los peruanos así como más pobreza para nuestra amazonía peruana.