El dictador Daniel Ortega, de 72 años y en el poder desde el 2007, sumará su cuarto periodo consecutivo en Nicaragua, donde este domingo se realizaron unas cuestionadas elecciones que carecieron de legitimidad y de condiciones mínimas democráticas, marcadas por las detenciones masivas, el exilio y la represión de las voces críticas.
El régimen sandinista se atribuye el 75% de los votos, pero lo hizo con siete candidatos opositores que buscaban la presidencia bajo arresto, acusados por Ortega de “traición a la patria”, y en un país en el que se han denunciado al menos 106 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos y 26 detenciones arbitrarias entre el viernes 5 y el domingo 7 de noviembre, según organismos independientes que monitorean la situación en Nicaragua.
A ello se suma que los medios de comunicación independientes no tuvieron acceso a centros de votación para realizar la cobertura de los comicios.
Los resultados ‘oficiales’ que favorecieron a Ortega señalaban una participación del 65% del electorado, lo que contrastaba con la escasa afluencia en las mesas de votación. De hecho, la organización Urnas Abiertas difundió que sus 1.450 observadores repartidos por todo el país reportaron una abstención del 81,5% en promedio.
Por ello, lo que queda de la oposición y los nicaragüenses en el exilio habían anticipado que esta jornada electoral iba a ser un fraude. Y lo fue, pese a los esfuerzos de la dictadura sandinista de imponer una narrativa de normalidad democrática y gran afluencia en los colegios electorales.
Lo que pasa hoy en Nicaragua es lo más parecido a lo que sucede en países con dictaduras de partido único, como Cuba o Corea del Norte. Allí los que supuestamente compiten con el oficialismo son partidos y candidatos comparsas, que el tirano de turno aprueba de antemano.
Así, en teoría, en esta elección se eligió supuestamente al presidente y vicepresidente de Nicaragua, a 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento, pero todo es una farsa orquestada por el oficialismo para garantizar la permanencia en el poder de la pareja presidencial. En una elecciones limpias y libres, Ortega perdería por goleada, porque apenas tiene un 19% de apoyo popular, según las encuestadoras serias del país.
Sin legitimidad internacional
Ahora, después de 14 años de régimen autocrático de Daniel Ortega y su esposa —la todopoderosa copresidenta— Rosario Murillo, los nicaragüenses están hartos de la dictadura, pero sus voces vienen siendo acalladas a golpe de represión.
Desde el 2018, los ataques contra opositores y disidentes se han recrudecido en Nicaragua. En mayo de ese año se reportó que más de 300 manifestantes murieron en las calles durante las protestas contra Ortega y miles más resultaron heridos. Entre las víctimas de las balas del régimen hay niños y adolescentes. Las protestas en aquel entonces estallaron tras una serie de cambios a la seguridad social, que incrementaba las contribuciones y reducía las pensiones.
Pero eso no parece importarle a regímenes sin credenciales democráticas, como Rusia, Venezuela, Cuba y Bolivia, que son los únicos países que han expresado su apoyo a la dictadura de Ortega.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han rechazado los resultados electorales. «Fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática», dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Incluso la Cancillería peruana señaló en un pronunciamiento que “las elecciones en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes”, pese a las afinidades ideológicas entre el autócrata sandinista y el gobierno de Perú Libre. Incluso Ortega en su momento calificó de “momento histórico” la llegada de Pedro Castillo al poder en nuestro país.
Así, a 42 años de la revolución sandinista que puso fin al régimen de los Somoza, Ortega se ha convertido en un tirano muy parecido al que ayudó a derrocar.