Los arrebatos mediáticos y mesiánicos de Vladimir Cerrón podían exasperar a muchos, pero realmente no tenían ni tienen mucho impacto en el deterioro del orden, la paz y el clima de negocios del país. Castillo va y viene con sus declaraciones, miente o se contradice, pero hasta ahora no ha cumplido ninguna de sus ambiguas e incomprensibles amenazas. Cantando la Flor de Retama (desafinado) nos genera más confianza.
Así, creo que nadie esperaba que la peor decisión política del gobierno venga de quien supuestamente representa a la izquierda formal, democrática, moderada e institucional: la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
Los hechos: todo parece planificado
Lo que ocurrió en Ayacucho parece un primer experimento. Grupos radicales se plantean un objetivo aparentemente inalcanzable: no más minas en la región; y lo ponen en la mesa para ver hasta dónde llegan. ¿Qué prometió personalmente Mirtha Vásquez en Ayacucho? Citando directamente el acuerdo que firmó de puño y letra, la ex colega y camarada de Marco Arana y Gregorio Santos, prometió lo siguiente:
- No más ampliación de proyectos mineros en las etapas de exploración y explotación.
- Adelantar los cierres de minas de Apumayo y Breapampa.
- Delimitación territorial de cabeceras de cuenca, no a la minería en las cuencas hídricas.
- Participación ciudadana en el cierre de las minas.
En Ayacucho operan dos unidades mineras que no tienen ningún proceso administrativo, sanción, o investigación pendiente: Inmaculada y Pallancata, del Grupo Hochschild. Estas operan en este momento al máximo de su producción. El año pasado, Hochschild indicó que solo en el 2020, la producción alcanzaría entre 280,000 -290,000 onzas de oro equivalente o 24-25 millones de onzas de plata equivalente.
Estas cifras no son vanas. Implicaron miles de puestos de trabajo, cientos de millones de soles en impuestos y otros tantos millones en canon y regalías para el gobierno regional y los gobiernos locales ayacuchanos aledaños, canon que por supuesto casi nunca es usado para atender las necesidades más urgentes e importantes del pueblo y se malgasta o se apolilla en la caja del Estado.
El Sindicato Único de trabajadores de la unidad minera Inmaculada y la Federación de Trabajadores de la Compañía Minera Ares SAC denunciaron la “posible pérdida de trabajo ante la medida arbitraria de cierre de nuestros centros de trabajo por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros”.
En el comunicado que publicaron hace algunas horas afirmaron que “los más de 5,300 trabajadores de la Compañía Minera Ares, agrupados en 3 sindicatos, expresamos nuestra profunda extrañeza y preocupación por el anuncio realizado por la primera ministra, sobre el pretendido cierre y retiro de nuestros centros de trabajo”.
En total, el cierre de cuatro minas en Ayacucho afectaría 54,000 empleos, por lo que gremios del sector privado piden al Gobierno rectificar anuncio, pues lo consideran arbitrario e ilegal.
Análisis del acuerdo firmado por Vasquez
Con cargo a seguir analizando el tema en Piensa.Pe las siguientes horas, de la lectura del acuerdo que firmó la ministra con los líderes y actores sociales de la zona, se desprenden varias conclusiones demasiado preocupantes:
- Sin ninguna razón legal, el Estado peruano desconoce la inviolabilidad de la propiedad privada y promete formar una comisión para determinar “plazos y términos para el retiro y cierre de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de cuenca…”
- Incluye a la “población” en el potencial proceso de cierre de estas operaciones mineras, atribuyéndole un lugar y poder que no le corresponde, toda vez que muchas veces la representación de las comunidades es asumida temporalmente por líderes que realmente no representan los intereses del pueblo.
- Amplía la posibilidad de cierre a más proyectos que no necesariamente están incluidos en este primer acuerdo.
- Plantea de forma arbitraria y sin el debate técnico adecuado que la Autoridad Nacional del Agua – ANA identifique, zonifique y delimite las cabeceras de cuenca de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, para impedir en ellas la actividad minera, y menciona que esta sería una iniciativa “piloto” a replicar en otras zonas del Perú.
- Finalmente, y como era de esperarse, protegerá a líderes y dirigentes sociales inmersos en procesos de investigación y denuncias sociales por casos de “protesta social” (dícese de individuos que incendiaron un campamento minero completo con equipos y bienes privados).
El peor retroceso del gobierno
Desde el intento de estatización de la banca en el primer gobierno de Alan García, el Perú no había visto un golpe autoritario tan descarado contra la propiedad privada, la ley, el orden y el estado de derecho. Las promesas de Mirtha Vasquez definitivamente traerán consecuencias legales y procesos internacionales que el Estado peruano perderá a todas luces y que terminaremos pagando los contribuyentes.
Permitir que grupos particulares de pobladores o grupos ideologizados de ciudadanos, colectivos u ONG cambien las reglas de juego del país no con la fuerza de la razón, sino con la violencia y el abuso, es destinar al país a un camino de pobreza, caos e informalidad del que cada vez será más difícil retornar.
Cuando la propiedad privada es atacada, las fuerzas del orden tienen el deber de protegerla. Eso ocurriría en cualquier situación particular, si asaltan nuestra casa, nuestro negocio o delincuentes ponen en riesgo nuestra vida en la calle. En este caso, increíblemente, el mismo estado y sus máximas autoridades están abandonando la defensa de la legítima propiedad privada, el desarrollo económico, el empleo de miles de peruanos, para satisfacer los ánimos y apetitos ideológicos de grupos de intermediarios que no representan a todos los peruanos.