En el marco de la Ley 31188, que aprobó el Congreso en mayo del 2021, que dicta nuevas normas para la negociación colectiva, los sindicatos de diversas entidades públicas han presentado 3.605 pedidos con incidencia económica al Estado, que equivalen a S/99.944 millones en total.
El cierre de solicitudes fue en enero pasado y ahora las entidades del aparato estatal están negociando con sus sindicatos. El monto final se definirá en junio, y los cambios presupuestales se aplicarán cada año fiscal posterior al acuerdo aprobado, precisa la ley que fue aprobada por insistencia cuando el Legislativo lo presidía la excongresista y expremier, Mirtha Vásquez.
El 88% del monto total reclamado se concentra en 3.388 pedidos de sindicatos de gobiernos locales, regionales y ministerios como Salud y Educación, que son precisamente sectores poco eficientes en su gestión y con graves problemas de corrupción.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya adelantó que el Estado solo tiene “espacio fiscal” de S/1.002 millones para el 2023; o sea, no se podrá atender la totalidad de los pedidos de los sindicatos.
En ese contexto, la misma ley señala todo acuerdo al que se llegue debe considerar la capacidad presupuestaria del Estado, pero no siempre fue así, y en un año electoral, hay mayores riesgos de que se aprueben estos pedidos y se ponga en peligro la estabilidad fiscal de la nación.
“Como no hay reelección (en gobiernos regionales y locales), los funcionarios pueden aprobar las negociaciones y el problema será para la gestión entrante en el 2023″, dijo Jorge Toyama, abogado laboralista. “El convenio colectivo una vez suscrito tiene fuerza de ley, por lo que los colectivos podrían exigir su cumplimiento”, agregó.
A ello se suma que si los sindicatos no llegan a un acuerdo con las entidades estatales, los trabajadores pueden demandar al Estado mediante arbitrajes y si en estos procesos les dan la razón sin que se respeten los topes, las consecuencias serían nefastas para la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
“El gran riesgo es que los árbitros no respeten este tope y aprueben mucho más que lo permitido por el presupuesto. Las entidades no podrían pagar”, apuntó en El Comercio Juan José Martínez, expresidente de Servir.
¿Qué se puede hacer? Según este experto en gestión pública, el mismo Congreso podría plantear una ley que fije límites expresamente a los pedidos que pueden realizar los sindicatos y centrales de trabajadores de las entidades públicas.