El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no solo ha sido tomado por mafias que buscan perpetuar la informalidad en las vías del país, a merced de las miles de víctimas de accidentes de tránsito en Perú, con la complicidad del ministro Juan Silva, sino que también estaba camino a ser una suerte de ‘agencia de empleos’ para los amigos del régimen.
El MTC fue el sector en el que se evidenció, desde el inicio del gobierno, la voracidad para copar del Estado. Ahora se entiende mejor la designación, y permanencia en el cargo del ministro de Juan Silva, que no tiene ni la experiencia ni el perfil para ocupar ese despacho, pero sí cuenta con graves denuncias y antecedentes, incluso por violencia familiar.
Este miércoles, la Contraloría intervino el MTC, tras la denuncia el fin de semana último de Latina, que reveló que dos asesores del intocable ministro Silva ofrecían trabajo a militantes de Perú Libre. Para ello, Julio Lazo y Juan Altamirano, usaban el despacho ministerial, la cuenta zoom institucional y hasta hablaban a nombre del titular del sector.
Pero Silva alegó que “no sabía nada” de lo que hacían sus asesores a vista y paciencia de todos ahí –hasta fotos se tomaban– y es probable que lo premien con otra ratificación en el cargo. Ya salió ileso de cuatro crisis ministeriales en el gobierno. Y como suele pasar en estos casos, la pita se rompe por el lado más débil. El MTC anuló el contrato de Altamirano y es probable que Lazo siga la misma suerte.
Pero eso no resuelve el problema de fondo ni exime de responsabilidad al ministro Silva –que, como dijo la legisladora Susel Paredes, ofrece obras a ciertos congresistas para evitar su censura–. Al contrario, deja en evidencia a un gobierno torpe y mediocre que busca copar el Estado con gente poco preparada, pero con algún vínculo amical, político o comercial con el presidente o el partido que lo llevó al poder.
Esto también es una forma de corrupción, porque implica malgastar el presupuesto público, afecta la ya poca eficiencia del Estado y tiene un impacto negativo en la calidad de vida de millones de peruanos, que siguen sin recibir servicios de calidad. La economía peruana ya acumula ocho meses de continua desaceleración, debido a la incertidumbre que empezó con la campaña y se agudizó desde el triunfo de Pedro Castillo.
Todo indica que la reactivación se frenó y el efecto rebote del que se ufana falazmente el gobierno se agotó. El PBI creció el año pasado a pesar de los desaciertos del régimen. Y por lo visto hasta ahora, para este año, habrá una coyuntura complicada y de inestabilidad, que afectará la inversión pública y, sobre todo, la privada, que es la que genera riqueza y empleos.
¿Qué hace el Ejecutivo? En lugar de evitar que el Estado se llene de pillos mediocres y de dar las señales correctas al mercado, el premier Aníbal Torres acusa de “golpista” al Congreso, agravando la crisis institucional a través una vieja estrategia de confrontación para buscar recuperar algo de respaldo popular, pero que difícilmente funcionará porque no tiene sustento con la realidad (Pedro Castillo se está vacando solo) y la gente ya empezó a darse cuenta que este gobierno no ata ni desata.