El último jueves 10 de febrero, la agencia Andina informó sobre un accidente en La Libertad. Específicamente en el sector de Culebrilla, en la provincia de Pataz, zona de la sierra liberteña. Un ómnibus de transporte interprovincial, de la empresa Picaflor, cayó a un abismo de 100 metros. El accidente dejó 22 fallecidos y 33 heridos. La vía estaba en malas condiciones, como lo muestran fotos y videos, pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró lo contrario en un comunicado.
El accidente también fue mencionado por la cadena de noticias internacional CNN en Español. Y la vicepresidenta de la República publicó en su twitter el siguiente mensaje: “Todas las familias, hasta en los lugares más alejados del país, merecen seguridad vial. Extendemos nuestras condolencias por los lamentables fallecimientos ocurridos en este accidente en La Libertad”.
Si revisan el tweet, verán, más abajo, el tipo de respuestas que le llovieron a la vicepresidenta. “¿Con qué cara se puede hablar si se forma parte de un gabinete con Silva en Transporte? ¡Las palabras no alivian el dolor de las familias y tampoco reviven! Puro floro eres”, escribió el usuario @dementepresente. Otro usuario escribió lo siguiente: “Mientras en las carreteras y vías urbanas se suceden varios accidentes e infracciones al tránsito y pasajeros fallecidos el gobierno mantiene al corrupto e incapaz ministro Juan Silva @MTC_GobPeru y como cómplices los congresistas lobbystas @congresoperu”, escribió @vichuac111.
Este tipo de accidentes no son nuevos. Son una constante en el país. Un patrón recurrente. Nuestras carreteras se manchan constantemente de sangre. Y no solo nuestras carreteras interprovinciales. También nuestras zonas urbanas. Miremos el gráfico N°1. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), en 2019 se registraron 95,800 accidentes de tránsito, que ocasionaron 63,953 lesionados y 3,110 fallecidos.
El 2020, las cifras cayeron significativamente en 40% para las dos primeras variables y en 31% para la última, pero sabemos que se debió, no a mejoras en la seguridad vial o campañas de concientización, sino por la pandemia que hizo que todos nos guardemos y la movilidad se redujo. Si ampliamos el horizonte y nos concentramos en el transporte urbano, según AFIN, entre 2011 y 2020 ocurrieron cerca de 900,000 accidentes de tránsito a nivel nacional que dejaron 29,607 muertes y más de 550,862 personas heridas. ¡Una vergüenza!
Según el mismo AFIN, “esta caótica situación es consecuencia de la falta de planificación de rutas, una absurda desregulación económica y un modelo de (des)organización empresarial que se pretende perpetuar, pese a las consecuencias negativas que afectan a todos los ciudadanos (inseguridad, siniestralidad, congestión y contaminación)”.
Y es cierto, nuestro sistema de transporte de pasajeros es uno de los más ineficientes en el mundo. Son varios problemas los que enfrentamos. El más grave es la alta informalidad que existe. También está el hecho de que no se tenga un sistema integrado que ordene a la oferta para las distintas rutas que hay a la vez de la nula renovación de la flota y la poca educación de los choferes, lo cual se hace palpable en el no respeto de las más mínimas reglas de tránsito y la acumulación de papeletas.
Recordemos o entendamos cómo funciona nuestro sistema de transporte. Es un modelo “comisionista afiliador”, que permite a una persona tener la autorización de una ruta así no tenga las unidades de transportes (buses) o el respaldo financiero por el cual pueda garantizar un servicio formal. Dado eso, nace el incentivo, perverso, a que se llame a otros dueños de buses o combis sin ningún tipo de filtro para que ofrezcan el servicio.
Al no existir vínculo formal entre choferes, dueños de los vehículos y la empresa de transporte, en las calles se ve cómo unidades de una misma compañía se pelan por los pasajeros. Es una carrera [de la muerte] por quién llega primero al paradero siguiente a recoger más personas (si es que antes no los arrollan por haber perdido el control por la velocidad que alcanzan).
Por lo anterior, en el 2018, se crea la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), y se propuso planes para ordenar a ese sistema que nos ha costado muchas vidas humanas y nos cuesta millones de horas hombre perdidas. Nuevas licitaciones de rutas, flotas en buen estado, choferes en planilla y una única tarjeta de pago, fueron las principales propuestas o ideas. Con ello se formalizaba al sector, se aseguraban beneficios sociales y las empresas recibían una rentabilidad aceptable.
Sin embargo, desde el anterior Congreso, el que asumió en enero 2020, se presentaron iniciativas que iban contra la reforma del transporte. Aunque en el Parlamento actual existen mafias ligadas al transporte informal, el mayor atentado contra la reforma del transporte lo da el propio Ejecutivo a través del ministro de Transportes, Juan Silva, que ya sabemos para qué lo pusieron en ese cargo.
La captura del Estado
Juan Silva es el único ministro, al igual que la vicepresidenta Boluarte, que ha logrado mantenerse en su puesto desde que asumió el presidente Castillo. No solo mantiene reuniones con congresista, 62 para ser exactos, para ofrecer inversión pública en infraestructura (como puentes) a cambio de protección (que no lo censuren, por ejemplo). También se reúne con transportistas ilegales que se oponen que quieren que todo siga igual en el sector. Y, ¿por qué estas reuniones? Porque ofreció hacer cambios en la ATU, extender autorizados en las rutas hasta por 10 años más, y, lo más inaudito, condonar el pago de papeletas.
Recordemos cuando salió un audio donde el ministro Silva ofrecía las cabezas de las directoras de la ATU, María Jara, y de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), Patricia Cama. El ministro las calificaba como funcionarias que no solucionaban problemas. Al final se cumplió el ofrecimiento y se retiró a Cama de la Sutrán. Su reemplazo, Violeta Alzamora Chamorro, ex gerenta de transporte urbano del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien sabemos, no hizo mucho para reformar el transporte. Tuvo que renunciar poco después por las denuncias por robo que registraba.
Esta situación significa que las mafias de transporte ilegal tienen voz y voto en las decisiones del MTC. Es decir, regulados pasan a controlar al regulador. Eso en la teoría económica se le llama captura del Estado. Es como si a Osiptel (organismo que regula las telecomunicaciones) lo controlen, con las diferencias del caso, Movistar, Entel, Claro, etc. Se destruye institucionalidad.
Los peruanos no merecemos un sistema de transporte como el que tenemos. Los ciudadanos tenemos que hacer presión para que el Ejecutivo y también el Congreso, entiendan que el sistema que tenemos, que promueve las combis, custer y el correteo en avenidas y calles, tiene que ser eliminado o sustituido a cabalidad por un sistema eficiente, limpio y sostenible. El transporte interprovincial y urbano no puede ser un juego de ruleta rusa para quienes lo usan.