Las protestas violentas contra mineras en el Perú pueden ser la estocada final para terminar de ahuyentar a las inversiones que necesita el país para salir de la crisis, y en el gobierno no parecen estar muy conscientes de la responsabilidad que tienen enfrente, a juzgar por las declaraciones de la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, quien trató de justificar el caos y la destrucción que dejaron las recientes manifestaciones en Ayacucho y en Áncash contra las empresas Apumayo, Breapampa y Antamina.
Antamina tuvo que suspender indefinidamente sus operaciones, lo que implica una pérdida económica de entre US$10 y US$14 millones para el país en términos de ingresos y dejar en el limbo a cerca de 2,900 empleados y operarios y otros 7,000 empleos indirectos. A ello se suma que la violencia se extendió contra el sector agroindustrial en Piura, donde un grupo de manifestantes atacaron 80 hectáreas de campos de cultivos.
La premier dijo que si bien hay “factores que distorsionan la protesta”, en alusión a los actos vandálicos, estos no las “descalifican”. Además, emplazó al sector minero a no calificar la protesta como “violentista o manipulada”, pese a que en los hechos lo son.
“Detrás de los conflictos, siempre hay intereses. Muchos de ellos legítimos. Hay muchas demandas que tienen asidero. Lo peor que podemos hacer es descalificar al otro actor y decir que es alguien manipulado o violentista. (…) Una protesta siempre tiene situaciones detrás que entrañan una serie de demandas que, para la población, son justas. Creo que a muchas de ellas debemos tomarle atención, porque tienen que ver con la desatención. Eso no se puede desconocer”.
Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros.
“Nosotros no usaremos la represión como medida para desmoralizar o acallar las demandas justas que tiene la población”, dijo Vásquez el pasado viernes, cuando ya había adelantado su posición respecto a las manifestaciones antimineras.
La misma posición hay en Perú Libre, que emitió un comunicado en el que arremetió contras las fuerzas del orden de Ayacucho, y solicitó liberar a los manifestantes detenidos en esa región y “sancionar de manera inmediata a los agentes policiales” que detuvieron a los comuneros que asaltaron e incendiaron a la mina Breapampa.
“Mucha gente piensa que porque yo he defendido temas ambientales soy antiminera”, dijo la premier Vásquez hace poco en una entrevista con TV Perú, pero los hechos y sus actuaciones en el pasado señalan lo contrario.
Hizo su carrera como abogada en la ONG Grufides, del ex cura Marco Arana, un conocido antiminero que se presenta como ambientalista o ecologista, al igual que Vásquez. Tuvo una participación activa para tumbarse proyectos como Conga (en Cajamarca) y Tía María (en Arequipa). Así llegó al Congreso y ahora a la PCM.
Además, hoy como jefa del gabinete se ha mostrado a favor de legalizar el cultivo de coca que se destina al narcotráfico y que es una de las peores amenazas al medio ambiente que existe en el Perú, junto con la minería ilegal. De todo lo que se produce de hoja de coca en el Perú, el 89% se destina a actividades ilegales. Es decir, se va al narcotráfico. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), actualmente hay una tendencia creciente en la siembra de este cultivo. Miremos la gráfica N°1
Un incremento del 13% y donde el 45% del total de hectáreas se ubica en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El incremento se debe a que por la pandemia, se suspendió la erradicación por protección. Al 28 de octubre, según el el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), solo se ha erradicado 2,115 hectáreas de hoja de coca. El objetivo para este año era de 6,000.
Ahora Vásquez defiende que se vuelva a empadronar a los cocaleros. Este padrón se creó en 1978, cuando el narcotráfico empezaba a crecer en el Perú. Eso significa que, a partir de esa fecha, lo que siembren nuevos cultivos de coca era ilegales y, por tanto, deben ser erradicados forzosamente.
La hoja de coca es el único insumo insustituible para la producción de cocaína, por lo que detener su erradicación solo beneficia al narcotráfico, cuyo impacto en el medio ambiente es devastador además, porque las mafias, para procesar la hoja de coca, usan ácido sulfúrico, ácido muriático o ácido clorhídrico, cemento, amoníaco, acetona, permanganato de potasio, cal, kerosene, cloruro de calcio, según señala Nicole Bernex en su libro “El impacto del narcotráfico en el medio ambiente. Los cultivos ilícitos de coca, un crimen contra los ecosistemas y la sociedad”.
En tres décadas se deforestaron dos y medio millones de hectáreas de bosques amazónicos para sembrar hoja coca, y ya un estudio de 1986 alertaba que se arrojaron a los ríos 57 millones de litros de kerosene, 32 millones de litros de ácido sulfúrico, 16,000 toneladas de cal viva, 6.400.000 litros de acetona, 3,200 toneladas de carburo, entre otros elementos contaminantes, en un solo año.
¿Sabía esto Mirtha Vásquez como “ambientalista”?
Ahora, más allá de la postura de la jefa del gabinete, fuentes de Inteligencia señalan que la escalada de violencia no parece responder a hechos aislados, y no descartan que detrás de los actos vandálicos hay sectores extremistas vinculados al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.
DATO: “Creo que se está acentuando un proceso de descomposición que está afectando la percepción de país en cuanto a las inversiones futuras”, alertó Julio Velarde, presidente de BCR.