La nueva jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, se estrenó en el cargo de forma positiva. Su sola designación, en reemplazo del cuestionable Guido Bellido, fue un respiro para el país y tuvo efecto inmediato en el mercado: el dólar empezó a bajar, luego 69 días de incertidumbre y caos que dejó su antecesor en el cargo.
Pero las dudas sobre el rumbo del gobierno no se han terminado de despejar, más allá de las primeras declaraciones de Vásquez en las que afirmó que, en este momento, no es una prioridad del Ejecutivo insistir en una asamblea constituyente, lo cual es positivo aunque insuficiente sin un pronunciamiento claro en el mismo sentido del presidente Pedro Castillo, quien hace poco, cuando lanzó la llamada “segunda reforma agraria” desde el Cusco, ratificó su compromiso de impulsar una nueva constitución.
La premier dijo que una constituyente es parte de un proceso largo que no es urgente ahora en el Perú, donde lo importante es seguir apostando por la vacunación, para poder avanzar en la reactivación económica y el retorno a las clases presenciales. “Para eso se necesita generar un proceso que los abogados le ponemos un nombre, el momento constituyente, que la población sienta la necesidad de caminar hacia una reforma total o parcial de la Constitución”, afirmó en TV Perú.
Se trata de una postura sensata, similar a la que tenía meses atrás, cuando el triunfo de Castillo en segunda vuelta era inminente y ella pasaba sus últimos días como presidenta del Congreso. “En este momento de crisis lo único que hay que asegurar es un mínimo de estabilidad, que los procesos de cambios tienen que ser progresivos (…) Espero que esa mirada se mantenga, creo que sería lo más sensato en este momento”, dijo Vásquez en julio pasado en el programa ‘A pensar más’.
El problema es si el presidente Castillo respalda esta postura, porque recordemos que el ministro de Economía, Pedro Francke, decía también no hace mucho que la constituyente no estaba en la agenda del gobierno, pero habían otros ministros en ese momento que hacían campaña para recolectar firmas, como Guido Bellido y la titular del Midis, Dina Boluarte. Todo esto ante el silencio del mandatario, que fue incapaz de fijar una posición clara al respecto.
Si Castillo insiste en esa actitud, lo de Vásquez no será más que una ilusión pasajera que terminará diluyéndose en la falta de liderazgo presidencial para dar mensajes y señalas claras al respecto, porque tampoco es que la nueva jefa de gabinete haya descartado de plano la constituyente. Lo que hizo más bien es “patear” la discusión para otro momento, porque claramente el gobierno no tiene el respaldo político en el Congreso –la mayoría de bancadas se opone a esa pretensión de Perú Libre– ni popular –la encuesta más favorable dice que solo 20% de la población está a favor de una iniciativa de este tipo– para insistir con el tema. “Este gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana”, insistió Vásquez.
Lo otro que hace ruido es que la nueva jefa del gabinete no haya advertido, y hasta haya permitido, que se designen otra vez a personajes muy cuestionados en ministerios claves, más aún si dice que lograr estabilidad en el país es su prioridad. ¿No sabía Mirtha Vásquez que nombrar a Roberto Barranzuela en el Mininter era un despropósito, siendo este abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre? ¿Tampoco se dio cuenta de que el nuevo titular del Minedu, Carlos Gallardo, pertenece al Fenate, el sindicato que se quiere tumbar la reforma magisterial y tiene nexos con organizaciones prosenderistas como el Conare y el Movadef?
Así es difícil generar algún tipo de confianza y credibilidad en el gobierno. Se han cambiado algunos nombres, pero en el fondo este gabinete sigue sin creer en el mercado o la inversión privada y sectores claves para la marcha de la economía (Produce, Mincetur, Minem, MTC y MTPE) siguen en manos de personas sin experiencia para esos sectores. A ello se suma que en cualquier momento puede asomar una nueva crisis que vuelva a generar un clima de confrontación y tensión política que el gobierno pueda usar para forzar la disolución del Congreso a punta de cuestiones de confianza, como pretendieron hacerlo con el caso Maraví.