Antes de comenzar a explicar esta nota, recordemos la siguiente gráfica que la hemos mostrado como 5 veces antes. ¿Qué muestra? Que el Estado controla el 95% de la salud en el país. Es decir, la salud es un monopolio controlado por el Estado. No las empresas privadas a través de farmacéuticas o clínicas privadas o empresas de seguros. Es un dato relevante a tener siempre presente.
El Ministerio de Salud (Minsa) tiene la responsabilidad de la rectoría en cualquier tema que involucre a la salud. Debe dirigir la política nacional y supervisar que se cumpla en todo el país. Sin embargo, algunas de sus políticas pueden causar daños al sistema (y a la salud de la población), porque se aparenta dar el efecto o mensaje de que se está haciendo algo.
El Minsa está por aprobar una resolución donde básicamente controla los precios de medicamentos para enfrentar el Covid-19, las pruebas para detectarlo, así como el uso de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de las clínicas privadas. La resolución se tiene que aprobar en el Consejo de Ministros, lo cual, es altamente probable que suceda.
En declaraciones que recoge Gestión, el ministro de salud, Hernando Cevallos, dijo lo siguiente: “Estoy convencido de que hay que ponerle tope a los precios de medicamentos que se usan para tratar el covid-19 y también las pruebas”. Luego añadió: “Debe haber subvención y topes de precios (…) tiene que incluir un control sobre los precios de las clínicas sobre las camas”. Acá te “cantamos” por qué no es bueno controlar precios. Pero vayamos por partes.
Los medicamentos
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que agrupa a fabricantes de medicinas, sostiene que la medida es “innecesaria”, debido a que la industria nacional no ha incrementado los precios de sus medicamentos y rechazan que se concerte precios. Aducen que “existe más de 80 proveedores nacionales e internacionales” y que “aplicar un control de precios sí podría llevar a una situación contraproducente que perjudicaría a los usuarios”.
Ok, pero, durante la semana pasada, muchos ciudadanos han reportado que los precios de medicamentos comunes como el panadol o la azitromicina (aunque su venta es solo con receta médica) están por las nubes. ¿Por qué? Según la SNI, las atenciones para el Covid-19 se han reducido para poder atender a las otras enfermedades. “[Ello] está generando un problema de abastecimiento y rotación de productos en los hospitales y centros de salud. Ante esa situación, las personas terminan acudiendo a los puntos de venta de medicinas, lo que genera un mayor gasto de bolsillo para las familias y una resolución parcial o baja de sus problemas de salud”.
Entonces, lo que en realidad sucede es un hecho económico. La oferta para atenciones Covid-19 se reduce (porque también hay que atender otras enfermedades) en momentos que la demanda aumenta debido a la variante Ómicron que, aunque no es más letal, sí es más contagiosa y es la causante de la actual tercera ola.
Entonces, con un incremento en la demanda por atenciones sumado a que personas con problemas de salud son clientes cautivos, ¿se puede hablar de especulación en el mercado? Sí, puede existir. Sin embargo, el Estado, como agente monopolista de la salud, ¿no tiene poder para reducirla? Sí, lo puede hacer. Puede comprar, de forma masiva, los medicamentos según necesidades y de esa manera, obligar al resto de actores a bajar sus precios. Gracias a la mayor oferta creada, tendrás precios más competitivos.
Las pruebas
Como hemos visto en la gráfica N°1, el Estado es el mayor proveedor de salud en el país. Por tanto, es su responsabilidad garantizar la correcta provisión de insumos o medicamentos para combatir la covid-19, del servicio de atención, así como de las famosas pruebas PCR (moleculares) o antígenas ante incrementos significativos de la demanda. Y, ¿por qué ha aumentado la demanda? Si te dan algo gratis, ¿qué haces? Lo sobredemandas. Si no hay un buen sistema logístico que abastezca constantemente del producto, este se volverá escaso. ¿Cómo controlar algo escaso?
Pero ojo, el problema anterior lo creó el propio Estado. ¿Qué dijo el Minsa? Que toda persona que tenga síntomas o la sospecha que se haga la prueba sin pasar por consulta previa. Ah, ¿no me crees? Mira este link del Instituto Nacional de Salud (INS). Como buenos prometían que “la provisión de pruebas está asegurada”. Para cambiar esta situación, las pruebas tienen que ser racionalizadas y eso se logra con dos medidas. Primero, el Minsa, como ente rector, debe ser claro en decir quiénes deben hacerse PCR y lo segundo es que el Estado, como en las medicinas, debe ampliar su oferta de pruebas, para evitar recurrir al privado.
¿Y qué hacer si el ciudadano termina en el sector privado? Bueno, el Estado ya creó mecanismos de regulación y control. Existe la Digemid, ente que pertenece al Minsa, que fiscaliza que farmacias posean y ofrezcan como primera opción medicamentos genéricos. También está el observatorio de precios de medicinas, al que no se le hace mucha publicidad, pero permite reducir lo que en economía se llama asimetría de información. También está el Indecopi, que tiene la importante función de supervisión que todo mercado funcione correctamente.
El economista David Tuesta, respecto a lo anterior, sostiene lo siguiente: «La regulación identifica claramente a los bienes de primera necesidad con lo cual hay que asegurar que no existan comportamientos especulativos. Como función reguladora que tiene el Estado, debe priorizar que existan la mayor cantidad de participantes en el mercado, así se fomenta la competencia, por lo que la población recibirá productos a precios competitivos».
Ese es el camino, el resultado de menores precios debe ser consecuencia de mayores participantes en el mercado y de imponer controles, que, según nuestra experiencia, hace más escaso el bien o simplemente lo desaparecen del mercado.