El próximo 27 de marzo, la magistrada Zoraida Ávalos Rivera terminará su gestión al mando de la Fiscalía de la Nación. Por ello, urge encontrar a la persona que pueda sucederla, especialmente en un contexto como el actual, cargado de graves denuncias contra el gobierno y sus allegados. Sin embargo, parece que el nombre de la nueva cabeza del Ministerio Público (MP) se haría esperar, ya que no existen suficientes fiscales supremos para iniciar el proceso de elección.
Como se sabe, cuatro de los seis miembros de la Junta de Fiscales Supremos fueron destituidos el año pasado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a serios cuestionamientos y denuncias de presunta corrupción por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Los fiscales destituidos son los tristemente célebres Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza y Luis Arce Córdova.
Por tal razón, desde junio del 2021, solo dos fiscales supremos titulares han estado a cargo de las decisiones administrativas de su institución: el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y la propia Zoraida Ávalos. El exfiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, por entonces designado como representante del MP ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, no podía participar de las reuniones de la Junta de Fiscales Supremos. Luego, en noviembre, fue destituido.
Ante esta situación, parece imposible que se pueda cumplir con el proceso de elecciones que estipula el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, previsto para antes del mes de marzo. Y es que no solo queda poco más de un mes, sino que no existe quórum en la Junta de Fiscales Supremos para eso proceso.
Responsabilidad de la JNJ
La propia Zoraida Ávalos expresó su preocupación ante este problema el pasado mes de noviembre, cuando remitió un documento a la JNJ en el que solicitaba se lleve a cabo el concurso público para ocupar las plazas dejadas por los magistrados destituidos. Al ser solo dos fiscales supremos en actividad, Ávalos afirmó que se encontraban imposibilitados de resolver procedimientos administrativos disciplinarios, que en algunos casos estaban próximos a prescribir.
Recién el pasado 22 de diciembre, la JNJ puso en marcha el concurso de selección para el ascenso de jueces y fiscales en el interior de la judicatura. Para el caso de fiscales supremos, se abrieron sólo dos vacantes, y aunque con esto se podría cubrir las plazas necesarias para la elección del nuevo fiscal de la Nación, lo cierto es que el proceso de ascenso concluiría todavía en el mes de julio. Hasta entonces, la falta de quórum seguirá siendo el problema.
Para la exfiscal de la Nación y actual congresista de la República, Gladys Echaíz, la JNJ es la principal responsable de toda esta situación y de la incertidumbre actual que afronta el Ministerio Público, pues no previeron lo que ocurriría y no aceleraron el concurso de ascenso para los nuevos fiscales superiores.
“En este momento no hay Junta (de Fiscales Supremos) para llevar adelante un proceso eleccionario (de nuevo fiscal de la Nación), pero eso ya no es responsabilidad del Ministerio Público, sino de la Junta Nacional de Justicia, que pese al tiempo que tiene funcionando no ha cumplido con todas las funciones y atenciones que le fueron encomendadas constitucional y legalmente”, declaró Echaíz en diálogo con Piensa.pe.
A fin de tener la posición de la JNJ, tratamos de comunicarnos con su actual presidente, el magistrado Henry José Ávila Herrera, quien no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
Posibles escenarios
Ante la premura por elegir a un nuevo titular de la Fiscalía de la Nación, según los entendidos, existen dos posibles escenarios. Ambos consisten en elegir un fiscal de la Nación interino, entre Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, hasta tener a los nuevos fiscales supremos que puedan participar del proceso de elección.
Para Gladys Echaíz, el indicado para este puesto temporal sería Pablo Sánchez. “La solución a este problema realmente no es muy difícil. Según la ley, el que le sigue en antigüedad (a Ávalos) tendrá que ocupar el cargo hasta que se cubran las plazas y se pueda convocar a junta de fiscales supremos y se elija al nuevo titular (…) Pablo Sánchez es el más antiguo y además no hay otro”, agregó la congresista.
Al respecto, el constitucionalista Omar Cairo, también opinó sobre las alternativas que tiene el Ministerio Público para salir de este momento complicado. “La Ley Orgánica del Ministerio Público contempla situaciones como esta. No es lo ideal, pero ante una contingencia como la falta de un fiscal de la Nación, se elige a un interino para que asuma”, señaló.
Asimismo, explicó que el concurso público para el ascenso de nuevos fiscales supremos, consiste de cuatro etapas: evaluación de conocimientos, evaluación curricular, estudio de caso y finalmente la entrevista personal. “Ojo, puede ocurrir que ninguno de los postulantes apruebe la evaluación y se tenga que convocar a un nuevo concurso. Esto alargaría aún más el proceso de elección de fiscal de la Nación”, acotó.
De vacaciones en plena crisis
Otro hecho que agrava la situación del Ministerio Público, fue la salida de vacaciones de la fiscal Zoraida Ávalos, desde el pasado 6 de enero y como parte de sus actividades cumplidas durante el periodo 2019-2020. Según la resolución del Ministerio Público, emitida en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre, fue la propia Ávalos quien solicitó un día antes el permiso correspondiente.
Desde entonces, es Pablo Sánchez quien viene asumiendo las funciones de fiscal de la Nación, labor que podría prolongarse varios meses más de continuar la actual situación. Más aún, tras conocerse que terminadas las vacaciones de Ávalos (el 20 de este mes), sólo retomaría su cargo un par de semanas, pues volvería a salir con licencia desde el 15 de febrero hasta el 1 de marzo.
“Tengo entendido que la fiscal (Zoraida) Ávalos pidió vacaciones por presentar algunos problemas de salud que debe tratar con urgencia. De no ser así, sí sería una irresponsabilidad muy grave tomarse vacaciones en un momento tan complicado, sería como abandonar un barco en plena turbulencia”, comentó la parlamentaria Echaíz.
Finalmente, cabe precisar que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue denunciada constitucionalmente por presunto delito de omisión de funciones, al no haberse pronunciado sobre la denuncia del procurador Daniel Soria contra el presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III.