El distrito de Yanahuaya, en la provincia de Sandia, en Puno, se ha convertido en tierra de nadie. O mejor, en tierra de mineros ilegales, que han empezado a invadir terrenos para sus actividades y a amenazar y agredir a los agricultores que se atreven a defender sus tierras. Ese es el caso de a Asunta Quispe Meztas, que tiene parcelas de frutas y café.
Quispe Meztas fue acorralada y golpeada por unos 80 mineros ilegales de la comunidad de Cruz Pata que pretenden tomar las tres hectáreas de terrenos que posee. En septiembre pasado ya había denunciado ante las autoridades locales las amenazas que venía recibiendo por no querer abandonar sus cultivos y pidió garantías para su vida.
“Mis familiares y mi persona somos agredidas de manera permanente por los propios comuneros y los mineros ilegales, todo por no querer dejar trabajar a ellos en las parcelas que son mías que actualmente tenemos sembríos”, dijo Quispe Meztas a la agencia de noticias Sandia. La agricultora terminó con golpes por todo el cuerpo y con la cabeza fracturada por la agresión que sufrió. Fue internada de emergencia al Centro de Salud del distrito de San Juan del Oro.
¿Qué hicieron las autoridades locales y los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas que en noviembre fueron alertados de esta situación para evitarla? Nada. ¿Alguna ONG que se opone a la minería formal dijo algo? Tampoco. Lo cierto es que la situación de minería ilegal en Yanahuaya se descontroló. Se trata de una actividad que no solo es altamente contaminante, sino que es fuente de otros delitos tan o más graves, como la trata de personas.
El mismo alcalde del distrito puneño, Juan Zúñiga Chura, lo admitió, al señalar que una gran cantidad de pobladores han vuelto a la minería ilegal, debido a la falta de trabajo por la pandemia. “Esto se ha escapado de nuestras manos, porque no respetan a las autoridades y se imponen haciendo uso de la fuerza”, dijo
Agregó que quiso convocar a reuniones de coordinación con las partes en conflicto, pero los propios mineros ilegales las frustraban, con denuncias ante la policía o fiscalía, ya que este tipo de convocatorias están prohibidas por el estado de emergencia debido a la crisis sanitaria.
¿No se pudo hacer nada más? ¿No será que la falta de acción de las autoridades locales tiene que ver con que el teniente gobernador José Rudy Jove Choquehuanca y otros funcionarios, como Víctor Quispe Villalba, Yony Cáceres Calcina, Rosa Jove Choquehuanca y Auria Quispe, estarían detrás de esta actividad ilegal, como denunció la misma Asunta Quispe en su momento?
Pero hay más. El exalcalde de Yanahuaya Víctor Raúl Laura Dias es otro de los promotores de la minería ilegal a gran escala en el distrito, según la agencia de noticias Sandia. Incluso habría amenazado y presionado al actual burgomaestre para que otorgue licencias de explotación en los ríos del Valle del Tambopata.
Investigaciones recientes evidencian, en Puno sobre todo, los vínculos entre la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la tala ilícita de madera, que se complementan, porque los madereros ilegales abren la selva para que entre la minería ilegal y luego el oro sirve para lavado de activos del narcotráfico.
Y ahora que estamos en época electoral, ¿algún candidato o autoridad nacional ha mencionado el problema de la minería ilegal en el país? Ninguno. Por ello, en las elecciones de abril, escucha a quienes hablen de los problemas reales que tiene el país y propongan soluciones viables. Que no te floreen.