El sector más importante de la economía peruana es la minería. Es la que da más aporte económico indirecto y directo en las regiones. Por otro lado, también es la principal fuente de conflictos sociales.
En los últimos días, en Ayacucho se han reportado protestas y hasta incendios en contra de las empresas mineras. Entre los casos más recientes están las minerías SAMI SAC que opera en Parinacochas y Apumayo en Lucanas. Entonces, surge la pregunta: si tanto dinero genera la minería, ¿Por qué no se nota una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos donde hay minas?
Pues, se trata de un problema sistemático del Estado y de las minas a través del Estado. Pues según la constitución, las tierras donde están los minerales son propiedad del Estado, no del ciudadano que ahí vive. Debido a esta exclusión, el ciudadano no recibe un beneficio especial. Aunque eso no debería ser obstáculo para esos beneficios: puesto que lo cierto es que las comunidades se tienen que enfrentar a la mala ejecución del dinero, corrupción e ineficiencia del Estado así como, en ocasiones, al incumplimiento de los protocolos por parte de las empresas mineras. Entre estos problemas, el cuidado del agua es la principal fuente de protestas en Ayacucho.
Segundo, hay que tener en cuenta el impacto en el terreno. En Ayacucho, estamos hablando de comunidades andinas que no cuentan con un servicio técnico en el agua y que aún subsisten del campo y la crianza de animales, en dependencia de un sector no viable económicamente. Esto es así, en parte, por los vínculos culturales del hombre-tierra ‘’pachamama’’ que forma parte de su idiosincrasia.
Pero, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? De forma sistémica. Por el agua, como dice María Teresa Oré, profesora de la maestría en recursos Hídricos PUCP, se debe resolver el tema de hacia qué se prefiere el agua. Los usos prioritarios suelen ser: primero el agua potable, después la agricultura y luego la minería. Pero, a nivel institucional, no hay algo sólido que marque bien las prioridades ni los casos específicos o excepciones para esto.
Se trata, entonces, de una gran fragilidad institucional. La carencia de monitoreo explica la falta de seguimiento en los protocolos que las empresas mineras deberían de cumplir y la falta de resolución de conflictos de manera inmediata, pues se espera las últimas consecuencias para actuar. Además, las protestas, en vez de resolverse en las zonas de conflicto con los comuneros, se resuelven en las oficinas.
Entonces, hay que entender la importancia de la cooperación del Estado para que las minas sigan logrando beneficios sin piedras en el camino. La ejecución eficaz del dinero recaudado por las minas, el monitoreo constante para priorizar el agua a los comuneros y sus cultivos, y la resolución rápida para prevenir mayores conflictos harán que este sector se refleje en el desarrollo de la calidad de vida. El rol de la minería es ser el puente al desarrollo y el Estado debería ser su principal aliado.