El domingo escuchamos más de 15 propuestas concretas de parte de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Entre las medidas resaltan el bono por S/10,000 para aquellos familiares de personas que fallecieron por falta de oxígeno. Sin embargo, con cifras del Minsa hasta el domingo, teníamos a más de 68,000 personas que habían fallecido por COVID-19. Si suponemos en el extremo, que todas esas personas fallecieron por faltas de oxígeno, sería una transferencia por S/680 millones. Sin embargo, como varios medios han informado, un grupo de expertos actualizó esa cifra por lo que ahora se calcula que los fallecidos son más de 180,000. Ello generaría, otra vez en el extremo, que la entrega de ese bono cuesta S/1,800 millones. Primera cifra importante.
Por otro lado, también se propuso reducir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se paga por la gasolina. Recordemos que este impuesto es el tercero más importante después del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta (con sus 5 categorías). Miremos la gráfica N°1. Muestra cuánto recaudó el Estado en el 2020 por cada uno de esos impuestos más las importaciones y otros tributos.
Por el ISC, el Estado recauda casi S/7 mil millones. El impuesto al combustible (recuerden el ISC también se aplica a la cerveza, pisco y al cigarro) se aplica a los importados como a los locales y aporta el 43% del total general. La última modificación al ISC de los combustibles fue en mayo del 2018. Se modificó la mayoría de gasolinas, y según Sunat, entre el período de junio a diciembre 2018 se recaudó S/23 millones más respecto al mismo período del 2017. Y para tener un año completo del impacto del impuesto, tenemos que entre enero a mayo 2019 se recauda S/364 millones más respecto a similar período del 2018.
Entonces, para hacerlo sencillo, usando solo el dato de cuánto incrementó la recaudación del ISC con una variación (aumento) en impuestos, si se decide retornar a la situación anterior (noviembre 2016), estamos hablando de que el Estado dejaría de recaudar unos S/387 millones aproximadamente (dejamos de lado un análisis más profundo de variables). Segunda cifra importante a considerar.
Fuerza Popular también propuso que los microempresarios no paguen, por dos años, impuestos. Otra vez, con cifras de la Sunat y en sencillo, en el 2019 (no usamos 2020 por que las cifras están alteradas por la pandemia) se recaudó S/1,400 millones de las MYPES como Impuesto a la Renta. Existe un régimen especial para ellas llamado Régimen MYPE Tributario (RMT). Por tanto, imaginemos que esos S/1,400 se les exonera. Tercera cifra importante a considerar.
Luego, tenemos los programas sociales Pensión 65 y el programa Juntos. Del primero ofreció duplicar el monto que se entrega a los pensionistas y sumar 500 mil beneficiarios más cada año. Para el 2021, el presupuesto del programa Pensión 65 asciende a S/849 millones para atender a un total de 560 mil beneficiados actualmente. Si desea duplicar el monto que se entrega (S/250 a S/500 de forma bimensual), estamos hablando de S/849 millones adicionales. Otra cifra importante.
Pero ahí no acaba la cosa. La segunda parte de su propuesta (sumar 500 mil beneficiarios cada año) no tiene mucho sentido. Como te lo explicamos aquí, el universo de personas mayores de 65 años pobres, suman 480 mil. Pero ya, está bien, imaginemos que, en dos años, desea cubrir ese universo. En total serían S/3,400 millones adicionales a lo anterior. ¿Estamos de acuerdo? El párrafo anterior era S/1,700 millones por duplicar la ayuda. Aquí es esa ayuda duplicada, más casi medio millón de personas adicional (otros S/1,700 millones).
Ahora, pasemos al programa Juntos. En el 2021, este programa posee un presupuesto de S/904 millones. Fuerza Popular indica que aumentará en 50% ese monto. Es decir, que se requerirán otros S/450 millones cada año. No sé ustedes, pero yo ya me perdí. Recapitulemos la lluvia de millones. Ayudémonos con la Tabla N°1.
Entonces, el costo total de las principales propuestas de Fuerza Popular suma S/17.9 mil millones. Ello equivale a un 2.1% del PBI aproximadamente. La pregunta es… ¿De dónde, papu? ¿Cómo se va a financiar todas estas transferencias, deducciones, exoneraciones, etc. Luis Carranza, jefe del equipo económico de Keiko Fujimori, sostiene que hay “caja suficiente”, y deseo creerle, dado que si un político ofrece bajar los impuestos (como el ISC) bienvenido sea. Lo mejor es reducir impuestos y quitarle responsabilidades al estado.
Pero honestamente, no parece posible. El Estado ya tiene compromisos y obligaciones, y lo más preocupante, es que el año pasado tuvimos un déficit del 10% (gastamos más de lo que nos ingresa). Valgan verdades, Fuerza Popular también ofreció recaudar más impuestos al tratar de ampliar la base tributaria (personas que hoy no pagan, lo hagan; recuerden… una parte reducida de la población paga impuestos) y aumentarles impuestos a las empresas mineras. En esto último, tal vez no haya problema. Lo complicado será lo primero… ¿alguien dijo Colombia?
En estos cálculos no consideramos las propuestas sobre créditos para formalización que se ofreció para MYPES, porque son garantías, no es dinero que vaya a ingresar al Estado y que tendrá que gastar o dejar de recaudar (a menos claro, que si no pagan esas garantías, sí habría salidas futuras a cargo del estado). A la vez, tampoco consideramos la propuesta de entregar el 40% del canon no utilizado a las poblaciones impactadas por operaciones de empresas extractivas (gas, mineras y petroleras principalmente).
Cuando se creó la Ley de Canon, en junio 2001, el fin era tener financiamiento para crear infraestructura que impacte de manera local como regional. El Estado falló en ese fin. Repito, el Estado falló. Se podría entregar, por única vez, esos recursos como una «compensación» directa a los hogares, pero inmediatamente el tema debe reenfocarse a como se estipuló en la ley. De hacerse permanente, se crearían incentivos perversos, los cuales harían imposible cerrar definitivamente las brechas.