Los trabajadores del Estado, desde abril del 2021 a enero 2022, presentaron pedidos al Ejecutivo por un total de S/99,944 millones mediante pliegos de reclamo de negociación colectiva. Lo anterior es resultado de la Ley N°31188, la cual fue aprobada por insistencia en el anterior Congreso de la República, que fue presidido por la ex congresista, y ex premier, Mirtha Vásquez.
Esta cifra la dio a conocer se dio a conocer en el Informe Final de Estado Situacional de la Administración Financiera del Sector Público, preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este informe da dos datos muy importantes sobre los pedidos de demandas colectivas. El primero es que el 89% de lo solicitado lo exigen los probos, eficientes, pulcros, transparentes gobiernos regionales y municipales. ¡Semejantes antros de corrupción!
El segundo dato relevante del informe, es que el 81% de los pliegos de reclamos lo concentran trabajadores de dos sectores: educación y salud. Sectores que después de la pandemia han demostrado sus carencias, ineficiencias, etc. Aún con los recursos que manejó el sector salud en los últimos 20 años, nunca se pudo crear una burocracia que ponga como primera prioridad a la salud de los peruanos. La educación, aunque tuvo avances, aún se ven las claras deficiencias de nuestro sistema educativo, las cuales se han ampliado por la pandemia.
Estabilidad presupuestal
Las cantidades onerosas que han solicitado los trabajadores enfrentan una limitación impuesta por la propia Ley N°31188. Esta indica que las demandas de los trabajadores deben ser atendidas en función del espacio presupuestal de las propias instituciones a las que pertenecen. Textualmente, el artículo 10 de la ley, indica que se “garantiza la viabilidad presupuestal para la ejecución de los acuerdos adoptados”.
Estas exigencias o reclamos de los trabajadores deberían atenderse a partir del año 2023. Según el propio informe publicado por el MEF, el espacio fiscal, para el próximo años, que se tiene será de solo S/1,002 millones. “Las negociaciones solo podrán generar un gasto adicional en el marco del monto del Espacio Fiscal y de los recursos de las propias entidades negociantes”, explica Gestión. O sea, como ha pasado antes, el Estado no va a tener el presupuesto para satisfacer esas demandas.
Lo anterior puede generar un problema, si los trabajadores demandan al Estado mediante arbitrajes. Los árbitros, sin considerar recomendación o consejos del MEF, o la propia estabilidad fiscal de la nación; le pueden dar la razón a los trabajadores. Es un peligro a futuro para las finanzas públicas.
El exministro Pedro Francke, en una carta que envió al semanario Hildebrandt en sus Trece (Hest), sostuvo, orgulloso, que “un tema al que le dimos empuje, llega a la etapa final: la negociación colectiva de los trabajadores estatales. Muchos (…) consideraron anatema este derecho laboral reconocido mundialmente, y lo han negado, a pesar de que se trata de un derecho constitucional. (…) derecho debe reconocerse y a la par mantenerse un sano equilibrio fiscal y un ordenado proceso presupuestal”.
En la izquierda siempre hablan de derechos. Pero de los deberes se olvidan. Arriesgar al Estado por casi S/100,000 millones en satisfacer reclamos laborales en personal que no demuestra resultados en la mayoría de casos, en gobiernos descentralizados que nadan en corrupción y donde no satisfacen necesidades de los ciudadanos en sus jurisdicciones, es un despropósito en todo sentido.