En el actual gabinete, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, es de los pocos -por no decir el único- que nada contra la corriente en el gobierno para evitar que se aprueben políticas que destruyan la competitividad y la formalidad en el Perú.
No le ha ido bien hasta ahora, como vimos en el caso de las restricciones a la tercerización laboral, medida a la que se oponía, pero que al final su promotora, Betssy Chávez, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), logró que el presidente Pedro Castillo la apruebe, pese a que la medida afectará la creación de empleo formal en el Perú, como lo explicamos aquí.
Ahora el tema que enfrenta otra vez al MFE y al MTPE es el nuevo retiro de fondos de pensiones que administran las AFP que se cocina en el Congreso. En su calidad también de legisladora, la ministra Betssy Chávez remitió un oficio a la Comisión de Economía en el que pide que se apruebe el proyecto N° 929, presentado por su colega de bancada Luis Kamiche (Perú Libre) y que dispone la devolución del 100% del saldo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Ante ello, el ministro Óscar Graham hizo lo propio, y en un oficio remitido al Congreso, alertó sobre el impacto negativo que generaría en la economía esa iniciativa, y lo hizo con argumentos de fondos, datos y evidencia. Entre otros, el titular del MEF señala que el retiro del 100% de fondos de pensiones afectará la liquidez del sistema financiero, desprotegerá a personas en su vejez y generará una carga para futuras generaciones.
A esto se suma que ya hay 5 millones de afiliados al SPP que se quedaron sin fondos de pensiones, tras cuatro retiros aprobados por el Congreso y el Ejecutivo, en un contexto de crisis provocada por la pandemia se podía entender, pero que ahora no se justificaría.
“En realidad debemos pensar que el 70% de la población tenga acceso a un fondo de pensión y no en medidas de corto plazo que implican un retiro indiscriminado de pensiones”, dijo Graham, al señalar que la iniciativa oficialista afecta la intangibilidad de los fondos de la seguridad social que tiene como fin el aseguramiento y la garantía del pago de una pensión.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también rechazó el proyecto de ley que la ministra Chávez apoya y remitió además a la Comisión de Economía, que preside la legisladora Silvia Monteza, un informe técnico en el que sostiene que es una obligación del Ejecutivo dictar medidas que garanticen un sistema de seguridad social sostenible en el tiempo.
El regulador recordó que para mitigar los efectos de la crisis originada por la pandemia se aprobaron cuatro retiros de fondos de pensiones, los cuales generaron desembolsos por alrededor de S/65,9 mil millones al 31 de octubre de 2021, monto que representa el 8,1% del PBI del país. Un nuevo retiro como el propuesto generaría una potencial salida de recursos que ascendería a S/77.869 millones adicionales a lo ya retirado, lo que representa el 59% del valor del fondo de pensiones.
Además, de aprobarse la medida, se perjudicará a quienes no retiren sus fondos, ya que el valor de los activos se vería afectado y además el impacto en la economía será transversal, porque las AFP prestan dinero a largo plazo para que las empresas inviertan, lo que permite el crecimiento económico y la generación de empleo, que este año no pinta nada bien, según los estimados del Banco Central de Reserva (BCR)
Precisamente, el presidente del BCR, Julio Velarde, coincide en que el retiro del 100% de fondos es absurdo. “No tiene pies ni cabeza, están desmontando una red de protección social que es indispensable. Hay muchos cambios que se pueden hacer al sistema de pensiones. Desaparecer de la noche a la mañana el sistema de pensiones si creo que sería un error bastante profundo”, advirtió en RPP.
Así, aunque parezca una medida popular, que generará aplausos momentáneos debido al legítimo rechazo de mucha gente hacia las AFP por su accionar, los efectos negativos que tendría un retiro total y masivo de fondos de pensiones en la economía los padeceremos todos. Lo que urge es una reforma del sistema de jubilación, que implique mejorar la cobertura y las pensiones. Para ello es clave promover la formalidad de la economía, pero lamentablemente este gobierno parece empeñado en terminar de destruirla.