Sigue generando polémica y preocupación la aprobación del anexo del DS N° 430-2020-EF, el cual reglamenta el DL 1434, para permitir a la Sunat disponer de la información de todas las cuentas con más de S/.10 mil. El presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Fernando Ruiz Caro, declaró que «no es el mejor momento para esta medida«.
¿Por qué las cajas municipales están preocupadas por esto? Precisamente porque estas son el puente entre la economía informal y el sistema financiero, al alcanzar a clientes más pequeños que los grandes bancos. De acuerdo a Ruiz “se ha empezado a generar un temor en las personas ha realizar nuevos depósitos en el sistema financiero”.
¿Cuál es el problema con esto? Que las cajas municipales, como otras entidades financieras, utilizan estos depósitos para prestarlos a empresas. Pocos depósitos significan tasas de interés más altas, ya que hay menos dinero para prestar. Por eso, si la medida reduce los depósitos bancarios, las micro y pequeñas empresas tendrán menos herramientas para afrontar la actual crisis económica.
Y es que la bancarización en el Perú aún es muy baja. Esta alcanza 50% en las zonas urbanas y a penas 20% en zonas rurales. Considerando que para los informales siempre existe la posibilidad de operar en efectivo, difícilmente esta medida ampliaría la base tributaria o reduciría la elusión. Lo más probable es que simplemente se reduzca la bancarización, perjudicando todo el sistema financiero, en especial la oferta de créditos.
El umbral de 10 mil soles es un problema. Regula muchísimas cuentas que no representan un monto relevante de los depósitos totales (70% de las cuentas bancarias representan sólo 11%). Esto multiplica los costos de cumplimiento de la norma sin que valga demasiado la pena en un sentido recaudatorio. Casi el 40% del monto depositado corresponde a aquellos que superan los S/. 10 millones, no parece justificado un umbral tan bajo.
Y es que el proceso de fiscalización es un problema en sí mismo. Esta norma permitiría una fiscalización perpetua y ordinaria por parte de la Sunat. Esto no solo aumentará la inseguridad de los contribuyentes, sino que dificultará el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Además de desconocer las normas tributarias, estas son de difícil cumplimiento.
¿Qué hacer frente a la elusión y evasión? La Sunat ya cuenta con una herramienta, que es el impuesto a las transacciones financieras (ITF), creado en 2003 como una medida temporal, y ya lleva más de 15 años vigente. Se cobra una tasa del 0.005% sobre toda transacción que no sean movimientos entre cuentas de una misma persona, y buscaba ser una herramienta para formalizar la economía.
Pero esta herramienta no ha sido utilizada eficientemente. Procesar esta información puede permitir una base amplia de información, si se realiza un adecuado cruce de información de operaciones con terceros, actividades con notarios, entre otros. Este impuesto además ya recauda 2,000 millones de soles, según el MEF. No ha cumplido su propósito y aún así pretenden acceder a más información sin derogar el ITF. O uno o el otro.
Y es que por más que la SUNAT cumpla con estándares de protección de información y que los bancos adecúen sus sistemas y bases de datos, nada garantiza que esta información no pueda ser mal utilizada. Además, la Sunat podría iniciar una «cacería de brujas» buscando arbitraria y retroactivamente cómo se obtuvo el saldo actual de las cuentas.
Siendo un país con 80% de informalidad, no es posible pensar que todos los ingresos injustificados sean producto del lavado de activos o del narcotráfico u operaciones ilegales. Es importante que prime la racionalidad y el respeto a la propiedad de millones de peruanos que hoy buscan salir adelante en medio de una crisis económica creada por las cuarentenas radicales implementadas entre abril y junio del 2020.