Explotó la bomba de tiempo en torno al sonado caso ‘Los cuellos blancos del puerto’. El detonante fue la reunión clandestina que tuvieron antes de que estallara el escándalo de esta la mafia judicial, en julio de 2018, las fiscales que investigaban esta red criminal, Sandra Castro y Rocío Sánchez, con el entonces presidente Martín Vizcarra.
El encuentro claramente ilegal, que se realizó en el departamento de una vecina de Vizcarra y de la fiscal Castro, que viven en el mismo condominio en San Isidro, hiere de muerte la investigación de unos de los mayores casos de corrupción de los últimos años, que implica a jueces, fiscales, políticos y empresarios, y pone en entredicho la independencia del Ministerio Público frente al poder político.
¿De qué hablaron?
Más grave aún es que las fiscales cuestionadas, cuando se reunieron con Vizcarra, ya sabían que habían audios en poder de la Policía, que estaba a cargo de las interceptaciones telefónicas, que lo comprometían con el caso que investigaban. Castro asegura que fueron a pedirle protección porque sentían que sus vidas corrían peligro. Vizcarra dio la misma versión, convenientemente, pero de ser cierta, ¿por qué no usaron el conducto regular, a través del Ministerio de Interior?
Las sospechas de que podrían haber alertado al entonces presidente de las grabaciones que lo implicaban en el caso crecen, porque en ese encuentro participó el mayor de la Policía Manuel Arellanos, quien estaba a cargo de las interceptaciones telefónicas, reveló el periodista Ricardo Uceda.
Por ejemplo, el 23 de marzo del 2018, se registró una conversación entre el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos y su esposa, a quien le dice que Vizcarra «chupa en la casa de Toñito ron Zacapa puro». Para más señas, Toñito es el empresario Antonio Camayo, el sindicado operador logístico de la mafia judicial.
Ese mismo día, Ríos habla con el exjuez supremo César Hinostroza, uno de los cabecillas de esta red criminal que está a la espera de ser extraditado de España. «Como Toñito (Camayo) es gran amigo del que acaba de juramentar, sería bueno estrechar lazos (…) para conocerlo al hombre, para tomar, dicen que le gusta el (ron) Zacapa», le dice Ríos a su interlocutor.
En ese entonces, Vizcarra ya había traicionado a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y acordado con el fujimorismo, que en ese momento tenía el control del Congreso, su asunción al poder como vicepresidente de PPK, que había renunciado antes de que fuera vacado por sus vínculos con Odebrecht.
Luego, en octubre del 2020 se publicaron unas fotos de Camayo y Vizcarra juntos. Este primero negó conocerlo, afirmó que nunca se había reunido con él y que no reconocía esas imágenes, pero poco después, un peritaje de la fiscalía confirmó que eran reales. El cinismo de Vizcarra entonces ya era evidente. Hoy se sabe que es su modus operandi.
El equipo especial toca fondo
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos no tuvo otra salida que separar a Sandra Castro y Rocío Sánchez de la investigación y declarar en reestructuración al equipo especial de este caso, que encabeza el fiscal supremo Pablo Sánchez. El problema es que el daño ya está hecho y la defensa de cualquiera de los imputados puede usar este hecho en busca tumbarse todo el caso, advierte el abogado Enrique Ghersi.
La investigación ya venía tambaleando por las pugnas internas en el equipo especial. Las fiscales Castro y Sánchez antepusieron sus diferencias, las empezaron a ventilar y saltaron irregularidades. Castro acusó a Sánchez de beneficiar a Camayo con el descongelamiento de sus cuentas en el marco de un proceso de colaboración eficaz; Sánchez denunció a Castro por haber llevado un vehículo que le asignó el Ministerio Público a uno de los talleres de Camayo para un servicio por el que además no pagó.
Ambas fiscales afrontan procesos disciplinarios, pueden ser suspendidas de sus funciones y hasta destituidas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero lo más delicado es que la credibilidad del Ministerio Público está por los suelos. Y la presencia de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación tampoco da garantías de independencia.
Es un secreto a voces de su «afinidad» con Vizcarra y algunas de sus decisiones refuerzan esas versiones, pero claro que Ávalos tiene que negarlo en público, como en efecto lo hizo. «No tengo amistad con Sandra ni con Rocío, no tengo amistad con Vizcarra, no hay prueba de ello», dijo. «Yo no tengo por qué dar un paso al costado. He venido trabajando sin miedo», agregó.
Fuegos pirotécnicos
Por si fuera poco, en medio de todo este chanchullo, la fiscalía realizó un llamativo megaoperativo en el que se allanó unas 20 propiedades de altos mandos militares por un caso de presunto robo y venta de combustible del Ejército. Entre las viviendas intervenidas figuran la de César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y las de otros 11 oficiales investigados.
Cualquier suspicaz diría que las coincidencias no existen y que estamos en un país habituado a las maniobras distractivas, pero lo cierto es que -por un momento al menos- los reflectores de medios de comunicación, portales de noticias y redes sociales, se enfocaron en estos operativos.
Astudillo dijo en RPP que en ningún momento fue notificado de que estaba incluido en este caso y calificó la intervención de la fiscalía como un «show mediático».
La distracción duró poco, entre otras cosas, porque ya no estamos en la época de Fujimori y Montesinos, aunque sus imitadores siguen pululando por ahí. Lo que se acaba de destapar parece ser solo el comienzo de una trama mucho más oscura que puede alcanzar a la misma jefa del Ministerio Público, porque ha trascendido que uno de los investigados, José Cavassa, estaría dispuesto hablar sobre la cuestionada forma en que Ávalos ascendió a fiscal suprema en 2014. Cavassa habría dado algunos detalles en privado. De ahí la importancia de blindar esta investigación y garantizar la autonomía del equipo especial.