Conforme pasan los días, el hilo de la madeja del ‘vacunagte’ se va desenredado y empiezan a aparecer los primeros rastros de corrupción en este escándalo que ha puesto en evidencia la verdadera cara del aparato burocrático: sin criterio, ineficaz y poco transparente.
En total, son ocho los integrantes del comité multisectorial que negoció con Sinopharm que se vacunaron antes y después del acuerdo de compra de 38 millones de vacunas entre gobierno peruano y el laboratorio chino, según la lista que se difundió con 487 nombres, que además tiene irregularidades que faltan aclarar (hay 13 nombres que se repiten, otros supuestamente recibieron tres dosis y no dos, y se metió en el mismo saco a personas vinculadas al ensayo clínico cuya vacunación sí estaba justificada)
En esa comisión negociadora, que se formó en junio de 2020 durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, figuran funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Salud (Minsa), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Concytec, el Instituto Nacional de Salud (INS), Essalud y representantes de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, a cargo de los ensayos clínicos.
Entre los personas de ese grupo vacunadas irregularente con las dosis de Sinopharm están al diplomático Arturo Jarama Alván, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el médico cirujano Carlos Castillo Solórzano, del Minsa, designado en el comité negociador por la entonces ministra Pilar Mazzetti, quien renunció poco antes de que se descubra que también fue vacunada en secreto.
Jarama y Castillo eran dos de los funcionarios con mayor peso en las negociaciones ,según fuentes vinculadas a estas. Jarama recibió las dosis en octubre, cuando aún no se cerraba el contrato con Sinopharm. Fue vacunado como “personal enlace con RR.EE.”. En la lista figuran además su cuñado y su suegra, como “entorno cercano”. Castillo fue de los primeros del Minsa en ser inmunizado y formó parte de la comisión hasta el 8 de enero del 2021, cuando fue reemplazado por Mario Tavera Salazar, del Viceministerio de Salud Pública. De hecho Tavera ingresó a este grupo ya vacunado (se inoculó en septiembre).
Por el lado de la PCM fue vacunado Rafael Suárez Peña, como “personal de estudio”. Los otros inoculados que formaban parte de la comisión fueron la ahora excanciller Elizabeth Astete, la exministra de Salud Pilar Mazzetti, el rector de San Marcos, Orestes Cachay, y el vicerrector de Investigación de la Cayetano, Alejandro Bussalleu.
Consecuencias penales
Nadie en el Comando Vacuna, grupo privado de apoyo al Estado en las negociaciones con los productores de la vacuna, sabía que funcionarios vinculados directamente a esas conversaciones se habían inoculado las dosis de Sinopharm mientras dialogaban desde agosto con AstraZeneca y Pfizer. Extrañamente, no se llegó a ningún acuerdo en ese momento con estas dos empresas, pero sí se cerró un trato con el laboratorio chino, que se anunció oficialmente el 6 de enero de 2021.
Según expertos en derecho penal, los funcionarios a cargo de las negociaciones para la compra de la vacuna que recibieron las dosis de Sinopharm, habrían incurrido en los delitos de concertación y colusión desleal. Para el exprocurador anticorrupción Amado Enco también hay indicios de cohecho pasivo, porque las vacunas que se pusieron podrían ser consideradas una prebenda que inclinó la balanza a favor de determinado proveedor, por lo que se justifica el inicio de una investigación penal.
No hay chaufa gratis
Por si fuera poco, también se vacunó César Loo, dueño del chifa Royal, que era el proveedor de comida de la comitiva de Sinopharm. «La delegación china se cansó del Burger King», dijo en Exitosa el médico Germán Málaga, jefe del equipo de la Cayetano a cargo de los ensayos clínicos en el Perú de la vacuna china.