Otras propuestas del plan de gobierno de Perú Libre que han encendido las alarmas, además de las que implican un riesgo para orden democrático, son las que se ponen en peligro la libertad de expresión en el Perú.
Las medidas del “ideario” de Perú Libre son de autoría del dueño del partido, Vladimir Cerrón, del que ahora, curiosamente, el candidato Pedro Castillo pretende tomar distancia y hasta desmarcarse del plan de gobierno que él mismo repitió y defendió en primera vuelta.
- En el Capítulo VI, página 28, plantea romper nexos con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
- El plan de gobierno señala que “los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión”.
- Anuncia la eliminación de “todo elemento que distorsione la política educativa y la mente de nuestras generaciones, como la famosa radio y TV ‘basura’”.
“Cuando [el plan de gobierno del partido] dice ‘regular’, se refiere a los medios de comunicación que propagan programas que no llevan a nada. Lo que queremos es cambiarle la mentalidad al niño (…)”, comentó en RPP Samuel Coayla, congresista electo de Perú Libre.
Estas medidas violan directamente la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13° dispone que no puede haber censura previa.“Ninguna democracia medianamente plena aceptaría que los contenidos informativos en general pasen por un filtro estatal previo”, señaló Andrés Calderon, experto en libertades informativas.
En su plan de gobierno, Perú Libre también plantea “democratizar económicamente a los medios de comunicación”y cuestiona el «soborno encubierto» del Estado a los medios privados “para mantener el sistema sobre el cual se asienta el gobierno”, en alusión a las inyecciones de dinero del Estado a la prensa privada “bajo el vestido de publicidad”.
Calderón explica que la razón por la que el Estado contrata con medios privados no es sino la de lograr que la publicidad estatal sea difundida de manera amplia y efectiva al público al que se desee transmitir un mensaje. Los pagos son por un servicio brindado, por lo que no es un financiamiento ni subsidio, además persiguen una finalidad determinada, que nada tiene que ver con línea editorial.
“En el caso de la Ley Mulder, el Tribunal Constitucional declaró que no puedes discriminar entre medios de comunicación privados o públicos, no sólo porque existe una prohibición de realizar tratamientos discriminatorios, sino porque se vulnera el objetivo de la publicidad estatal, que es llegar a la mayor cantidad de personas, y es precisamente este debe ser el parámetro para la contratación”, señala el experto.
Perú Libre también menciona en su programa de gobierno «prohibir y combatir» la concentración de medios de comunicación, porque constituye “un atentado contra la libertad de prensa, expresión e información, parcializando su comunicación en dependencia de intereses políticos y económicos”.
Medidas contra la “concentración de medios de comunicación” se dan típicamente cuando se utiliza un recurso público, en este caso sería el espectro radioeléctrico. Pero lo que señala el plan de gobierno del candidato Castillo parece ir mas bien contra del contenido, de manera implícita, bajo la excusa de una supuesta concentración como justificación para una especie de coacción o control de lo que publican los medios.