En Petroperú algo no anda bien. El proceso de adjudicación selectiva N°155-2019-OFP, para la compra de uniformes de verano para los años 2020 y 2021 para el personal de las estaciones de servicio afiliadas a su red de grifos en el país, estuvo marcado por extrañas movidas y serios indicios de irregularidades que ponen en duda la transparencia y legitimidad de estos procesos de contratación.
Según documentos que obtuvo Piensa.pe, la historia se remonta a noviembre del año pasado. El 12 de ese mes, la empresa más grande del Perú –a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado (Seace)– convoca al proceso 155, y el 8 de enero otorga la buena pro al Consorcio K&Y, que conformaron KBD Integral Group S.A.C. y la empresa CIA Yajema negocios del mundo para este concurso, por un monto de poco más de 3.5 millones de soles. La adjudicación quedó consentida el 17 de enero del 2020.
De hecho, tres días después, el 20 de enero, Petroperú solicita al consorcio ganador los documentos necesarios, como la carta fianza por un valor de S/ 353,693.46, para la firma del contrato y emisión de la orden de compra de los uniformes objeto del proceso mencionado. El consorcio ganador K&Y cumple con lo solicitado y remite toda la documentación requerida una semana después, el 27 de enero. Hasta ahí todo parecía marchar bien.
Demoras y mecidas
Pero después de que K&Y entregó todos los documentos solicitados, Petroperú no movió un dedo. Así que el consorcio ganador apeló a la figura del silencio administrativo positivo y envió una carta a la empresa estatal el 13 de marzo en la que le pide que cumpla con su parte: la firma del contrato y la emisión de la orden de compra. Era vital que lo haga porque el tiempo corría y el verano 2020 se iba: se supone que la primera entrega de los uniformes que debían confeccionar era para esa temporada.
Más de un mes después, el 24 de abril, la petrolera estatal le responde al consorcio, a través de una carta de la funcionaria Úrsula Motta, jefa de la unidad de contrataciones, quien informa que se declaraba la “nulidad de oficio” del proceso. ¿Qué pasó? Según Petroperú, “un supuesto incumplimiento en los documentos que acreditaban la experiencia de postor” que no explicó ni evidenció en su momento, inclusive esa carta decía que adjuntaba la resolución, pero no lo hizo. Así, de una forma extraña y repentina, retiran la buena pro al Consorcio K&Y, pese a que los documentos a los que tuvo acceso este portal mostraban que todo estaba en orden.
O sea, Petroperú se pronunció tres meses después de haber entregado la buena pro y dado el consentimiento a K&Y, solo para anular el proceso y pese que el consorcio ganador ya había empezado a confeccionar los uniformes, tal como se lo había comunicado a la empresa estatal a través de una carta enviada el 13 de marzo, para cumplir con los plazos de entrega.
Así, el 22 de junio Petroperú emitió el acta oficial con la que anula la buena pro del proceso 155 al consorcio K&Y y se la otorga a la empresa Samitex SA, que había quedado segunda en el orden de prelación del concurso. Era lo que correspondía, según la ley de contrataciones del Estado. Pero aquí la historia se empieza a poner más oscura todavía.
Movidas extrañas
El 5 de agosto, Petroperú también le retira la buena pro a Samitex SA y retrotrae el proceso de adjudicación selectiva 155 a la etapa de convocatoria. ¿Cuál fue el argumento ahora? Un requerimiento técnico mínimo incluido en las bases iniciales de este concurso que impedía participar a los postores que habían sido penalizados en los últimos dos años.
Es una prohibición que tiene sentido, pero para la Gerencia de Cadena de Suministro de Petroperú, a cargo de Santiago Santa María, la medida afectaba sus principios de “libre competencia”. Para este concurso, la única empresa impedida de participar era Comercializadora A&V S.R.L., según pudo constatar Piensa.pe, que en anteriores procesos fue penalizada por incumplir los plazos de entrega fijados.
Fue así que el 10 de agosto pasado, la empresa estatal vuelve a convocar a un nuevo concurso para el proceso 155, a través del portal del Seace, y fija el 26 de ese mes como fecha para que los postores interesados ingresen sus expedientes con las propuestas técnicas y económicas.
Dos días después, el 28, se da la apertura de sobres. En este acto solo estuvo presente personal de la cadena de suministros de Petroperú, según consta en el acta de la evaluación de propuestas del proceso 155 publicada en el portal del Seace. No hubo un representante externo que pudiera certificar la transparencia que el caso ameritaba. Petroperú se escuda en que esta etapa es privada, según su propio reglamento, pero aquí es donde el proceso parece que se tuerce, según las evidencias analizadas.
Indicios de fraude
El 2 de septiembre se oficializa al ganador de la buena pro de la nueva convocatoria: Comercializadora A&V. Sí, la misma empresa que no pudo estar en el primer concurso que se anuló porque pesaba sobre ella sanciones por incumplimientos en procesos previos, fue la que ganó el nuevo proceso de adjudicación 155. Cualquier distraído podría suponer que los astros se alinearon a favor de la empresa Comercializadora A&V.
Piensa.pe tuvo acceso al expediente con el que Comercializadora A&V ganó y lo analizó con expertos en contrataciones estatales, que hallaron serias inconsistencias, pero fue la página 70 del documento, donde figura la oferta económica del postor, la que más llamó la atención: el trazado de la numeración o foliado de esta página es distinto a la del resto de páginas y la firma del gerente general de Comercializadora A&V, Alfredo Velasco, tampoco coincide con la que aparece en las otras 68 páginas del expediente.
“(La firma) presenta características de no proceder del mismo puño de su titular”, se lee en el informe del análisis pericial independiente al que se sometió esta página, que estuvo a cargo del perito certificado a nombre de la nación Rafael Zárate, que concluye que el folio 70 fue sustituido y la firma adulterada.
¿Qué hizo Petroperú ante estos graves indicios? Nada aparentemente, pese a que se les informó en su momento, a través de su sistema de integridad, de las irregularidades y sospechas de manipulación de documentos en este caso. Según constató Piensa.pe, el consentimiento a Comercializadora A&V siguió firme y en el portal de Seace figura como contratada.
Petroperú es una isla (por ahora)
Consultado al respecto, el abogado Fernando Rocca Luna Victoria, especialista en arbitrajes y contrataciones con el Estado, sostiene que parte del problema radica en que Petroperú está exonerado de la Ley nacional de contrataciones de Estado, que rige para la mayoría de empresas públicas en el país. Para estos procesos, la petrolera estatal tiene un reglamento interno, aprobado por su directorio.
«Por ello es que la revisión y evaluación de las propuestas de los postores o proveedores son de una u otra manera sesgadas, al ser un acto privado. Esta situación es la que puede ameritar un cambio», nos dice el abogado. De hecho, comenta, esta excepción que rige para Petroperú está en revisión. «El MEF ha prepublicado un proyecto de la ley general de abastecimiento del sector público, en el cual le quitan a Petroperú la prerrogativa de tener su propia normatividad», señala Rocca.
En cuanto a las presuntas irregularidades detectadas en el proceso 155, el abogado sostiene que el hecho de que no coinciden las firmas en la página 70 es bastante grave, y solo por ello se debió descalificar al postor. “Además, en virtud al criterio de control posterior, se debió iniciar una investigación de oficio, tanto en la Contraloría como en la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, para determinar si hubo un contubernio (complicidad ilegal) entre directivos o funcionarios de Petroperú y la empresa que ha ganado”, explica.
Piensa.pe solicitó desde el fin de semana pasado, por los conductos regulares, los descargos de Petroperú en torno al proceso 155. En principio nos dijeron que estaban revisando la información para responder, pero pese a los reiterados intentos de comunicación, no lo hicieron hasta la publicación de este informe.