Keiko Fujimori afronta una segunda vuelta cuesta arriba. No solo arranca con una considerable desventaja en la intención de voto frente a Pedro Castillo (31% frente a 42%, 11 puntos, según Ipsos), sino que además tiene restricciones para hacer campaña en el interior del país, debido al proceso en su contra por lavado de activos por el caso Odebrecht, en el que la fiscalía ha pedido 30 años de prisión para ella.
La candidata debe solicitar permiso al Poder Judicial cada vez que quiera dejar Lima porque pesa sobre ella una orden de comparecencia restringida que le impuso la Sala de Apelaciones al dictar su excarcelación. Y así lo hizo formalmente el último miércoles 14 de abril, pero dos días después, el viernes 16, la juez María de los Ángeles Álvarez Camacho decidió pedir la opinión del Ministerio Público. Esta magistrada quedó a cargo del despacho del juez Víctor Zúñiga, que estaba de vacaciones.
Decisión demorada
Recién una semana después, este miércoles 21, el pedido de la candidata fue resuelto y se le autorizó dejar Lima para que haga campaña. El permiso lo firmó el juez Zúñiga, al regreso de su licencia. “Mientras el candidato Pedro Castillo viaja por el país, yo aún no puedo iniciar mis visitas al interior para ejercer mi legítimo derecho de hacer llegar mis propuestas a la población. Espero que esta solicitud sea resuelta a la brevedad posible”, se quejó Keiko Fujimori en sus redes sociales la semana pasada.
El fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, fue notificado el sábado último y tenía dos días hábiles para responder sobre el permiso a la candidata. Lo hizo este martes, al límite del plazo. En un oficio remitido al despacho del juez, el fiscal le señala que no se opone a los viajes de campaña de Keiko Fujimori.
Precisamente, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público le abrió esta semana dos procesos preliminares a Pérez Gómez por infracción administrativa, debido a las declaraciones de carácter político que dio en medios de comunicación, en plena campaña, contra la candidatura de Keiko Fujimori.
“Es una situación inédita que está ocurriendo en la historia judicial del país. Nunca ha sucedido antes que un acusado o acusada por un delito grave vaya a ocupar la primera magistratura del país. ¿Qué es lo que puede suceder? La aplicación del artículo 117 de la Constitución que establece la inmunidad a quien ocupe el cargo de presidente de la República. Es una decisión que la tendrá que adoptar el Poder Judicial (PJ) llegado el momento”.
Fiscal José Domingo Pérez. El Comercio (16/04/2021)
Consulta inusual
Lo que llama la atención es que se la primera vez que el Poder Judicial solicita la opinión de la fiscalía para otorgar un permiso, pese a que lo que no es vinculante este pronunciamiento, según expertos consultados.
En la primera vuelta, el juez Víctor Zúñiga Urday ya había dado permisos en diferentes ocasiones a Keiko Fujimori sin solicitar la intervención del Ministerio Público. Ahora, como Zúñiga estaba de vacaciones, el pedido de la candidata de Fuerza Popular recayó en la jueza Álvarez.
El bolsón electoral de la candidata del fujimorismo está en Lima, por lo que ahora requiere obtener más votos fuera de capital si quiere igualar la cancha con Pedro Castillo, que tiene su bastión en las regiones del centro y sur del país. Ya perdió una semana de tiempo, que en un campaña puede ser determinante.
El antikeikismo
El otro factor que juega en contra de Keiko en esta segunda vuelta es el antivoto, que llega al 55%, según la última encuesta de Ipsos para América Televisión, aunque este ha venido disminuyendo (en algún momento era de casi 70%). Queda un mes y medio de campaña para vencer esas dudas y resistencias que genera la candidata de Fuerza Popular.
El antifujimorismo aún es una fuerza poderosa. Ya impidió que Keiko Fujimori alcanzara la presidencia dos veces, en 2011 y en 2016. Y más recientemente, ese voto de castigo se vio en la elección congresal del 2020, en la que el fujimorismo quedó muy maltrecho y reducido. La razón de ese rechazo fue la destructiva actuación de los 73 congresistas naranjas que desde 2016 hasta el 2019 sembraron el caos el país.
Ese es el mayor pasivo político que hoy tiene su lideresa, que además es de su propia cosecha y responsabilidad, más incluso que el pasado antidemocrático y de corrupción que arrastra el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.
Lo que está por verse es si Keiko Fujimori logrará revertir ese fuerte rechazo para no perder una segunda vuelta por tercera vez consecutiva. Hay analistas que sugieren que enfoque su campaña en el norte del país, donde los votos están más peleados que en el sur, que se inclina casi mayoritariamente por Castillo.
La otra ventaja que podría aprovechar Keiko Fujimori es que, en cierta medida, ella representa la defensa al modelo económico que, con sus limitaciones, ha logrado resultados positivos innegables en el país. Es quizá este tema el que sea decisivo en el balojate del 6 de junio próximo.