Martina, la sobrina de una buena amiga mía que se quedó sin trabajo en octubre del año pasado, luego de que la pequeña empresa de confecciones en Gamarra para la que trabajaba cerró por la crisis, hasta hoy no consigue empleo. Otros 10 de sus excompañeros siguen en la misma situación, se la rebuscan día a día, como ella, para llevar algo a la casa. “Terrible todo esto, cuándo pasará esta pesadilla”, me decía el otro día Sofía, la tía de Martina, por teléfono.
La pandemia y el cierre de actividades provocó que en el 2020 se registren 1.5 millones menos de Mypes en el Perú. La dureza de las medidas no solo generó pérdidas en ellas, sino que también deterioró la calidad de vida de sus trabajadores. Así tenemos que, 2.7 millones de personas que trabajan en una microempresa cayeron en la pobreza como consecuencia de la crisis sanitaria y económica.
Ante ese panorama, el gobierno nacional solicitó al Congreso la delegación de facultades legislativas, entre ellas, la tributaria. El paquete de medidas de este tipo impulsado por el Ejecutivo costó alrededor de S/ 16 mil millones (13% del total del plan económico para hacer frente al COVID-19, un 2,3% del PBI). Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el principal órgano recaudador del país, es la entidad que emitió la mayor cantidad de normas al respecto.
¿Qué papel jugó la Sunat? ¿Cuáles de estas medidas aplicaron a las mypes? En ente recaudador se enfocó principalmente en la prórroga de los plazos para la presentación de declaraciones juradas y pago de tributos, entre otros.
Como se ve en el cuadro 1, en el 2020 se brindaron facilidades tributarias como aplazar la declaración jurada anual y pago del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 2019 para personas naturales y jurídicas cuyos ingresos no hayan superado los S/21 millones. Según informó la Sunat, la medida habría permitido atender al 99.5% de empresas que no superaron el límite establecido. El año pasado también se prorrogó el pago mensual de impuestos hasta por 4 meses a las empresas que no superaron el mismo límite de ingresos de S/21 millones.
Además se aplazó el vencimiento y brindó la posibilidad de fraccionar el pago de obligaciones tributarias (como el Impuesto General a las Ventas, Impuesto temporal a los activos netos: ITAN, IR) y las contribuciones a Essalud. Al cierre de septiembre pasado, esta medida habría costado S/ 2,500 millones. Finalmente, se puso a disposición de 19,880 empresas un total de S/1,006 millones por la liberación de sus detracciones.
Este año las medidas siguen el mismo camino, aplazando el pago de impuestos, aunque esta vez de manera más focalizada a zonas con alerta extrema (tal como se hizo en febrero), permitiendo además la devolución de impuestos patrimoniales y refinanciando el fraccionamiento de impuestos del 2020.
Estas medidas muestran la flexibilidad a nivel de refinanciamiento que ha tenido Sunat. Sin embargo, las modificaciones del régimen tributario para Mypes deben ir más allá, ya que la reactivación debe incluir también incentivos para mantenerse en la formalidad, aspecto que no se ha tenido en cuenta, pues medio millón de micro y pequeñas empresas que a duras penas era formal o semi formal habrían salido de la formalidad.
Por ello, el nuevo gobierno debe impulsar la formalización de las micro y pequeñas empresas, que representan el 95% de las empresas peruanas y aportan a través de sus ventas anuales un 19% a la economía del país. Se necesitan beneficios tangibles, concretos, para que la formalización sea rentable. No olvidemos que los altos costos laborales afectan sobre todo a los pequeños negocios o emprendimientos.
Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, considera que ni el Ejecutivo ni el Legislativo han hecho un trabajo efectivo para ayudar realmente a las pequeñas empresas en el país. “No se han formalizado por la carga laboral y tributaria. La ayuda llega de a pocos, por lo que requerimos que el nuevo gobierno impulse las compras estatales permanentes y cree un organismo nacional para que tengamos una línea directa de atención”, sostuvo la exministra.