¿Se puede medir el tamaño de la corrupción en el Perú? Esa es una pregunta que intenta resolver un estudio reciente de la Contraloría General de la República. Es una interrogante difícil y su respuesta lo es más todavía, pese a que convivimos con ella desde hace mucho. No es gratuito que nuestros últimos presidentes estén encarcelados, procesados o acusados por actos de corrupción.
Porque la corrupción se ha institucionalizado en el país, y su naturaleza es principalmente política y pública, que se explica en el clientelismo para la compra de votos, la venta de puestos y cargos públicos, así como en sobornos a altos funcionarios y políticos a cambio de obras o acuerdos comerciales con claras desventajas para el Estado.
Los cálculos de la Contraloría, en base a sus acciones de control, señalan que alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se habría perdido en 2019 por corrupción e inconducta funcional de burócratas de todo nivel. ¿Y dónde se detectó mayor corrupción, te preguntarás? Según el estudio, en los sectores de transporte y comunicaciones, salud y educación.
El estudio considera que no hay mejor forma de medir la corrupción que observarla de forma directa. Y en el 2019, solo en las 1,407 acciones de control posterior a nivel de cumplimiento de ejecución del presupuesto público del Gobierno General, se calcula un daño económico al patrimonio estatal de 921 millones de soles. La ejecución presupuestal real del año fiscal 2019 fue a 156,278 millones de soles, descontando transferencias financieras entre los diferentes niveles de gobierno.
La factura la pagamos todos
La corrupción, de cualquier tamaño -grande o pequeña-, no es otra cosa que el “abuso del poder para beneficio propio o de terceros”, y sus consecuencias las pagamos todos, porque golpea la efectividad del gasto público, que debiera estar orientado a mejorar la calidad de vida de las personas.
Es la coima que termina inflando lo que paga un gobierno -con recursos de los contribuyentes- por la compra de un bien, la prestación de un servicio o la contratación de una obra. Ejemplos en el Perú abundan. Desde el caso Lava Jato, que tuvo un alcance regional, pasando por el del ‘Club de la construcción’ o el de ‘La Centralita’ en Áncash, hasta el caso ‘Manos Limpias’ en Lambayeque. Y ojo, para que se entienda mejor, los sobornos no salen de las utilidades de las empresas corruptas ni de los bolsillos de los funcionarios coimeros, sino del sobrecosto de las obras públicas.
Con el dinero que se pierde por la corrupción en el Perú se podría empezar a acortar las brechas en educación, salud, infraestructura, etc. Y el costo de la ineficiencia en la gestión pública es más grande que la corrupción, porque si bien todo acto de corrupción implica ineficiencia, no toda ineficiencia es corrupción.
Partiendo de la premisa que medir la corrupción no es fácil, porque rara vez deja huellas o evidencias, el estudio subraya que el control gubernamental, como las auditorías en entidades públicas, es una herramienta útil para identificar el costo de la corrupción para el Estado y, de paso, la cantidad de recursos públicos perdidos.
¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para ayudar a combatir la corrupción? Primero elegir mejor a nuestras autoridades, y lo podemos empezar a hacer en abril próximo; segundo, no ser complacientes con la corrupción, pequeña o grande, y exigir que no se despilfarren nuestros recursos.